La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga ha denunciado en el registro del Ayuntamiento de la capital el hecho de que las planchas que se colocaron como homenaje a la Constitución en la plaza que lleva precisamente el nombre de la Carta Magna, son diariamente “pisoteadas” por los ocupantes de mesas y sillas de la terraza de un establecimiento ubicado en un extremo de la céntrica calle Larios.

El colectivo ha registrado una queja formal en el consistorio malagueño en protesta contra este hecho que tiene una carga simbólica y de respeto democrático. Se trata, según se hace eco la cadena SER en Málaga, de la ocupación de seis planchas de acero que reproducen en el suelo las portadas de los periódicos del 7 de diciembre de 1978, el día posterior a la aprobación del referéndum de la Constitución.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga expresa en su denuncia y su queja ante el Ayuntamiento que esta ocupación supone "pisotear" la Constitución y que los hechos se vienen repitiendo desde hace siete años, en concreto, desde el año 2014. Como se ve en un tuit de la asociación los turistas y visitantes de la zona se ubican en sillas que pisan las placas conmemorativas de la Constitución.

Pisoteando portadas de periódicos del 7 de diciembre de 1978

En 2004 se inauguró un singular monumento a la Constitución consistente en seis planchas de acero inoxidable de gran formato, enrasadas con el pavimento de la plaza con portadas de cinco periódicos, el SUR, El Correo de Andalucía, ABC, Diario16, EL PAÍS y SOL DE ESPAÑA del 7 de diciembre de 1978.

Recientemente un juez condenó al Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP y Ciudadanos. En una sentencia histórica y durísima obliga a indemnizar con 13.440 euros anuales a varios vecinos del centro que denunciaron las altas tasas de ruido que soportaban en esa zona y la “falta de actividad de la administración" local ante las quejas.

Un juez condena al Ayuntamiento: “Roza el descaro”

En sentencia histórica señalaba la “inactividad” del Consistorio ante las denuncias de los afectados y “la vulneración grosera y escabrosa del derecho a la vida y a la integridad física o moral ante la existencia de un grave problema de ruidos en esa zona del centro. El juez afirmó que “brilla por su ausencia una intervención de inspectores municipales o siquiera de agentes de la Policía Local para afrontar dicha nefasta situación. No se ve la más mínima presión policial atajando dicha situación”. Ve el juez una situación que “roza el descaro y un traslado o peloteo de las denuncias de un departamento a otro, o, directamente, una inactividad en cuanto a los mismos". El Ayuntamiento se defendía alegando que era una cuestión "compleja".