Las comisiones de investigación no se crean cuando hay mucho que investigar sino cuando el partido del Gobierno no puede impedir su creación. Esta es la norma general que las rige, pero no es la única. Otra de sus reglas es que el objetivo principal de las mismas no es buscar la verdad, sino encontrar culpables. Las comisiones de investigación parlamentaria no se parecen a un juez, sino más bien a un fiscal. Y más en concreto a esos perversos fiscales de las películas norteamericanas para quienes una condena es mucho más importante que hacer justicia. Las comisiones en España no quieren justicia, quieren condenas. Lo que importa en ellas es ganar. Un empate les resta todo interés, como se evidenció en la comisión de los ERE, de la que puede decirse que quedó en efecto en empate al no haber señalado culpables. Por eso nunca funcionan del todo. Aunque parecen tener buena prensa, en realidad nadie confía mucho en ellas: sus métodos, sus interrogatorios, sus conclusiones, sus astucias, casi todo en ellas –y esta es otra de las leyes que rigen su naturaleza– depende de quién ostenta la mayoría en su composición, un hecho que tienen muy presente los comparecientes a la hora de responder a las preguntas más comprometidas. Interesan al público mucho más como espectáculo televisivo que como herramienta institucional para hacer justicia. Una justicia que además sería política, lo que la hace todavía más improbable: esperar que un político sea justo con su adversario no es fantasía, es locura. Y aun así, aun con todas esas múltiples y bien documentadas pegas sigue siendo mejor que las haya a que no las haya, le guste o no al Gobierno investigado, que por supuesto no le gusta. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]¿Y VALENCIA? ¿Y MADRID?[/cita] Alguna vez hemos llegado a pensar que la reiteración de comisiones parlamentarias haría que acabaran formando parte de nuestro paisaje político con toda naturalidad, pero nada de eso ha ocurrido. Ni va a ocurrir. Es más: resulta extremadamente difícil entender por qué los ERE o los cursos de formación sí merecen, que la merecen, una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y en cambio la trama Púnica en Madrid o las corrupciones interminables de Valencia no merecen su propia comisión parlamentaria. Como siempre, el hecho de crearlas o incluso de proponerlas no tiene que ver tanto con la gravedad de lo sucedido como con contingencias del todo ajenas a lo que quiere investigarse: la composición de las cámaras, los acuerdos parlamentarios, la oportunidad política, el cálculo electoral, el interés inmediato… Y aun así: ¿servirá para algo la comisión sobre los cursos de formación? Seguro que sí. Seguro que, como la de los ERE, aportará información valiosa y testimonios de interés para entender qué sucedió y por qué sucedió, qué falló y por qué falló. Lo que probablemente no aportará será lo que el Partido Popular quiere que aporte, que es la cabeza de Susana Díaz. Y no lo hará porque el PP no tiene mayoría en la Cámara para lograr esa ansiada cabeza. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UNA OBSESIÓN LLAMADA DÍAZ[/cita] La obsesión política y la opción estratégica del Partido Popular es vincular a la presidenta Susana Díaz con alguno de los grandes casos de corrupción política o de pifias administrativas que investigan los tribunales: con los ERE le fue imposible, con la mina de Aznalcóllar está difícil, pero con la formación todavía tiene alguna esperanza de lograrlo. Quién sabe, se dirá a sí mismo el PP, tal vez Ciudadanos sea finalmente sensible a la presión y, como en el anuncio donde se aceptaba 'pulpo como animal de compañía', acabe aceptando 'Díaz como ente corrupto'. En la comisión que esta semana se formaliza en el Parlamento andaluz aún no se sabe con precisión qué papel desempeñarán Podemos e Izquierda Unida, aunque el hecho de que, debido a unos resultados electorales bastante peores de lo que creían merecer, ambos tengan importantes cuentas pendientes con Díaz –nada personal, solo negocios–, puede dar una pista bastante aproximada de cuál será su alineamiento en el seno de la comisión en lo relativo a la presidenta. Los socialistas intentarán, naturalmente, evitar la comparecencia de Díaz, pero no por el hecho de que la crean inocente, que sin duda la creen, ya que si la creyeran culpable también se opondrían, y con más energía incluso, a su comparecencia. Se opondrán porque consideran injustificada esa comparecencia y porque temen que erosione a la presidenta. Pero no está claro, sin embargo, que tal erosión fuera a producirse si finalmente la presidenta compareciera. Le harían, eso sí, pasar un mal trago, pero difícilmente podrían poner en verdaderos apuros a alguien que ni siquiera estaba en el Gobierno de la Junta cuando se concedieron las ayudas sometidas a investigación sobre unos cursos que llevan varios años suspendidos. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LOS CASOS DE CHAVES Y GRIÑÁN[/cita] Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sí comparecieron, como se sabe, en la comisión de los ERE, y en su caso estaba justificada la comparecencia aunque también los socialistas la habrían impedido si hubiera estado en mano. El caso de Díaz es muy distinto y difícilmente el hilo de las responsabilidades políticas del fraude de la formación puede conducir a ella. Aun así: ¿en qué perjudicó a Chaves y Griñán su comparecencia en la comisión de los ERE? En nada. Eso sí, pasaron un mal trago, pero los malos tragos entran en el sueldo de presidente y en el oficio de líder. Chaves y Griñán se defendieron bien y salieron airosos del trance. Su interrogatorio no erosionó al PSOE: más bien, y aun en contra de sí mismo, le hizo reflexionar. Ni siquiera los erosionó a ellos. Otra cosa es que personalmente les incomodara –y les irritara y les doliera– tener que sentarse ante los fiscales parlamentarios. Pero nadie pierde unas elecciones por algo así: lo que pierde es tiempo, energías, seguridad, autoestima... pero no unas elecciones –ni siquiera popularidad– si está limpio, es decir, si tiene respuestas cuando hay que tenerlas.