La junta de Andalucía liderada por Moreno Bonilla ha enviado una carta a los Ayuntamientos en la que advierte de que el próximo 15 de junio dejará de tramitar las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social (RMI) en la comunidad por motivo de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Desde las Delegaciones Territoriales de esta Consejería, a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la RMI en Andalucía, tanto en los procedimientos de tramitación ordinaria, como en los procedimientos extraordinarios”, se indica así en la carta.
En la misma misiva obliga a las familias vulnerables a que antes de solicitar la ayuda regional, recurran al IMV, también cuando ya sean beneficiarios de la misma. La oposición al Ejecutivo regional considera que con ello se elude tener que seguir gestionando esa partida mientras se produce un recorte de fondos encubierto de esos recursos asistenciales. Ante estas acusaciones, la Junta alega que la intención de este mecanismo es “aclarar al ciudadano los pasos que debe dar mientras se hace una reestructuración normativa para compaginar ambas ayudas”.
La secretaria regional del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha reaccionado en Twitter ante esta decisión del equipo de Moreno Bonilla: “La Renta Mínima de Inserción es un derecho para los andaluces más necesitados con el que no se puede jugar. El mismo día que España hace historia con la aprobación del IMV, Moreno Bonilla y su gobierno plantean un recorte encubierto de recursos sociales”.
200.000 personas en Andalucía podrían tener derecho al IMV del Gobierno y, en lo que va de 2020, un total de 14.615 familias se han beneficiado de la ayuda regional de último recurso, con una cuantía de 419 euros al mes, según datos de la Consejería de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación. En 2019, el presupuesto de esta partida fue de 134.710.538 euros, 68 millones menos que en 2018. Con motivo del coronavirus, a finales de mayo la Junta de Andalucía activó una prestación extraordinaria de 10,5 millones de euros para beneficiar con ella a unas 10.000 familias vulnerables durante cinco meses.
