El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para un total de 13 áreas de la comunidad autónoma de Andalucía. La medida responde a la sucesión de incendios forestales que han azotado el territorio andaluz entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026.
Entre las zonas incluidas en el acuerdo ministerial destaca de manera especial el incendio registrado en el término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Este suceso ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad de todo el periodo en el conjunto del país por sus trágicas consecuencias personales y materiales, tras saldarse con la muerte de trece personas y calcinar más de 5.200 hectáreas.
La resolución aprobada por el Ejecutivo central abarca emergencias por incendios forestales repartidas en seis provincias andaluzas. En la provincia de Huelva se han declarado cinco emergencias correspondientes a los fuegos iniciados en Alosno, comunicado el 5 de junio, Villanueva de Castillejos, el 8 de junio, Almonaster la Real, el 21 de julio, y dos episodios distintos registrados en Cerro del Andévalo el 22 de julio. En Málaga se incluyen los incendios de Estepona-Benahavís, comunicado el 9 de julio, y Árchez, el 17 de julio. La lista en la comunidad se completa con el trágico incendio de Los Gallardos en Almería, comunicado el 9 de julio, el fuego registrado en Santa Elena en la provincia de Jaén el 1 de julio, el de Grazalema en Cádiz el 6 de julio, el de Guillena en Sevilla el 9 de junio, el incendio de Cerro Muriano en Córdoba el 24 de julio y el originado en Pino del Valle, provincia de Granada, el pasado 25 de julio.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la entrada en vigor de este acuerdo abre el plazo para que los afectados en los municipios andaluces puedan solicitar las ayudas gestionadas directamente por el Ministerio del Interior. Estas aportaciones económicas están destinadas a paliar daños personales, la destrucción o desperfectos en viviendas habituales y enseres de primera necesidad, los gastos de emergencia afrontados por las corporaciones locales, así como los daños producidos en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se contemplan indemnizaciones a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes a requerimiento de las autoridades durante la emergencia, además de la exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos o bajas de vehículos siniestrados y en la expedición del DNI.
La declaración sirve asimismo de marco para que otros departamentos ministeriales activen medidas extraordinarias en los territorios afectados. En materia fiscal, el Ministerio de Hacienda concretará la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, quedando además las ayudas por daños personales exentas del IRPF. Por su parte, los ministerios de Trabajo e Inclusión podrán desarrollar medidas laborales específicas y exenciones o bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Asimismo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá subvenciones de hasta el 50 por ciento del coste a los proyectos que ejecuten las entidades locales para la reparación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales. Finalmente, los distintos ministerios podrán declarar la tramitación de emergencia para las obras de reparación en el dominio público y la contratación de servicios de reposición de bienes perjudicados. Este paquete de actuaciones aprobado para Andalucía forma parte de un acuerdo global dictado por el Consejo de Ministros que declara un total de 211 zonas gravemente afectadas en catorce comunidades autónomas.
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