La salud mental en Andalucía se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política y social. Desde los partidos de la oposición califican la situación de “emergencia” al estar marcada por el aumento de los trastornos diagnosticables, el crecimiento de las listas de espera y la falta de profesionales en el sistema público. Así, la salud se enmarca en un contexto donde el acceso a terapia psicológica depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.
Según los últimos datos difundidos por el INE, Andalucía registró 815 muertes por suicidio en 2024, lo que supone un incremento cercano al 6% respecto al año anterior. Granada, además, encabeza una de las tasas provinciales más elevadas del país. A esto se suma que, según datos propios de la Junta, alrededor del 42% de la población andaluza ha sufrido algún trastorno mental diagnosticable en algún momento, una cifra que refleja la magnitud del problema en la comunidad y la incapacidad del sistema público para absorber esa demanda.
Listas de espera y falta de profesionales
Uno de los puntos más repetidos sobre el estado de los servicios públicos es el colapso asistencial. De hecho, eran más de 19.000 los andaluces que esperaban atención en salud mental durante 2024, dentro de un sistema sanitario que arrastraba cerca de 93.000 pacientes en lista de espera general solo en Granada ese año.
Así, el PSOE-A ha denunciado en reiteradas ocasiones que la salud mental es “la gran olvidada” de la gestión de Moreno Bonilla, señalando la escasez de psicólogos clínicos y la saturación de la Atención Primaria. Del mismo modo, desde Adelante Andalucía se insiste en la necesidad de eliminar las listas de espera y reforzar la red pública, proponiendo un aumento de recursos humanos y una mayor presencia de psicólogos en centros educativos y sanitarios.
Por su parte, Por Andalucía acusa al Gobierno andaluz de impulsar un modelo que favorece la privatización, obligando a muchas familias a recurrir a consultas privadas cuyo coste puede alcanzar los 70 euros por sesión, lo que, según denuncian, excluye a los sectores más vulnerables.
Un sistema tensionado y cada vez más desigual
Los últimos datos conocidos coinciden en que existe un déficit estructural de profesionales. Andalucía cuenta con ratios muy inferiores a la media europea, lo que se traduce en demoras prolongadas para recibir atención y en una presión creciente sobre los servicios públicos. Asfixia que responde a una falta de recursos deliberada.
Andalucía es la comunidad autónoma con menos profesionales de salud mental: apenas cinco por cada 100.000 habitantes, frente a los seis de la media estatal y a un abismo de los 18 recomendados por la media europea. Por lo tanto, faltan más de 18.000 profesionales para alcanzar unos estándares dignos.
De hecho, hace menos de un mes la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) se manifestó a las puertas de Torre Triana para exigirle a Moreno Bonilla una actualización de su convenio colectivo que caducó hace más de 15 años. Con este convenio pretenden garantizan la estabilidad laboral del personal, equiparación salarial al resto de profesionales públicos y condiciones dignas, pero aún no han sido escuchados por el Ejecutivo.
Esta situación, advierten, tiene un efecto directo en la salud de la población, especialmente en jóvenes, habiéndose multiplicado por cuatro los intentos de suicidio entre adolescentes, y personas con menor poder adquisitivo, que no se pueden permitir ir a un psicólogo privado.
Educación, prevención y oportunismo político
El debate se ha intensificado tras los últimos anuncios del Gobierno andaluz sobre la incorporación de psicólogos en Atención Primaria y la creación de nuevos recursos asistenciales llamado Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029 (PESMA-A). Medidas que, si bien apuntan a una mejora del sistema, han sido recibidas con escepticismo al entenderse como un movimiento ligado al calendario electoral.
Desde Por Andalucía consideran que estas iniciativas llegan tarde y sin la financiación suficiente para revertir el problema de fondo. “No se trata de anuncios puntuales, sino de un cambio de modelo”, insisten, subrayando que el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones sigue sin aprobarse.
En paralelo, recuerdan que la presión asistencial no ha dejado de crecer y que, sin un refuerzo estructural, las listas de espera seguirán siendo el principal cuello de botella del sistema público.
