El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha situado la defensa del campo andaluz en el centro de su programa electoral con una propuesta contundente: prohibir la instalación de plantas fotovoltaicas, eólicas o solares en tierras cultivables. Durante una atención a medios en Castro del Río (Córdoba), el dirigente ha defendido que la transición energética “no puede darse a costa del sector primario” y ha apostado por un modelo que priorice el empleo rural frente a los intereses de grandes empresas energéticas.
La medida supondría vetar este tipo de instalaciones en suelos agrícolas productivos y limitar su desarrollo a terrenos baldíos, que, según ha detallado, alcanzan unas 400.000 hectáreas en Andalucía. “No permitiremos que un metro cuadrado más de tierra fértil se utilice para placas o aerogeneradores”, ha afirmado, en una declaración que resume el enfoque de su propuesta: proteger al agricultor frente al avance de macroproyectos energéticos.
Asimismo, Maíllo ha enmarcado esta iniciativa en lo que considera un proceso de “expolio del campo andaluz” impulsado por fondos de inversión y grandes compañías, al tiempo que ha planteado una planificación pública de las renovables para evitar su implantación desordenada. En este sentido, ha defendido que el desarrollo energético debe ser compatible con la actividad agroganadera y no sustituirla.
Críticas al modelo del PP y defensa del empleo rural
El candidato ha dirigido sus críticas al actual presidente andaluz, Moreno Bonilla, al que acusa de haber convertido a la Junta en un “facilitador de oportunidades para los fondos de inversión extranjeros”. Según ha señalado, el Gobierno andaluz ha impulsado proyectos que han derivado en expropiaciones de tierras agrícolas, en ocasiones fragmentando iniciativas para sortear controles administrativos.
Además, ha recordado que algunos de estos proyectos han sido cuestionados judicialmente, citando casos en distintos puntos de Andalucía. Frente a ello, ha propuesto paralizar expropiaciones vinculadas a macroinstalaciones energéticas y crear zonas estratégicas agroganaderas donde la Junta tenga preferencia de compra para evitar que suelos fértiles acaben en manos de iniciativas privadas ajenas al territorio.
“El desarrollo renovable no debe destruir el empleo rural”, ha insistido Maíllo, que ha vinculado directamente la protección del campo con la lucha contra la despoblación. A su juicio, el sector primario es clave para fijar población en el interior de Andalucía, especialmente en provincias como Córdoba o Jaén, donde se registra pérdida demográfica en municipios pequeños.
Además, su propuesta incluye el impulso de comunidades energéticas locales, con el objetivo de generar energía “verde, barata y soberana”, que beneficie directamente a los territorios y no dependa de grandes operadores externos.
Un plan agrario ante el impacto de Mercosur y la PAC
Más allá del debate energético, Maíllo ha presentado un plan integral para proteger al sector agropecuario andaluz frente a factores externos como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur o los cambios en la Política Agraria Común (PAC). Según ha advertido, estos elementos pueden tener un impacto negativo en agricultores y ganaderos al aumentar la competencia sin garantizar las mismas condiciones de producción.
En este contexto, ha criticado que la apertura de mercados pueda perjudicar al campo andaluz y ha defendido la necesidad de que la Junta actúe como un “actor económico activo” que proteja al sector mediante compensaciones públicas. Estas medidas buscarían paliar las pérdidas derivadas tanto de acuerdos comerciales internacionales como de una PAC que, según ha señalado, está beneficiando a otros territorios europeos en detrimento del sur.
Igualmente, el candidato ha insistido en que apoyar al sector primario no solo es una cuestión económica, sino también social y territorial: “Cuidar el campo es garantizar la fijación de población y el desarrollo de la industria agropecuaria”, ha subrayado.
