Silencio ante el juez de los empresarios señalados por la UCO en el 'caso Mascarillas' del PP de Almería

Este jueves y viernes estaban llamados a declarar ante el juez instructor del Tribunal de Instancia de Almería cuatro empresarios que están vinculados a la trama del caso Mascarillas de la Diputación de Almería (PP). En total son 43 investigados, entre los que figuran el expresidente de la entidad supramunicipal, Javier Aureliano García, y su número dos, Fernando Giménez, entre otros altos cargos del PP almeriense. Según el auto judicial que autorizó los registros y detenciones desarrolladas en noviembre de 2025, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y al fraude en la contratación.

Esta trama, cuyos orígenes se sitúan en la contratación irregular de obras menores desde 2016, saltó a la escena mediática tras la pandemia. En mitad de una investigación vinculada por el narcotráfico, los investigadores interceptaron la comunicación de uno de los presuntos comisionistas, Kilian López. Al seguir su pista, se descubrió un contrato que el empresario de Azor Corporate cerró con la Diputación de Almería por valor de 2 millones de euros en abril de 2020, con un sobrecoste de casi un millón de euros (945.000) que iría a parar a manos del comisionista y que presuntamente repartió entre los implicados, a saber: Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación, y los citados Giménez y García.

En definitiva, el juez les imputa, entre otros, delitos de malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales o fraude en contratación pública. Se trata del primer caso de compraventa fraudulenta de mascarillas que estalló en España, que se ha alargado varios años en instrucción. Además, de manera paralela a esta trama también se investiga a Aureliano García por un viaje que realizó a Madrid junto a su jefa de gabinete en 2025 y que afecta de lleno al tejedor de la misma (según el auto) y que se investiga en paralelo a otra pieza relacionada con García. El entonces presidente de la Diputación viajó a Madrid junto a su jefa de gabinete en junio y, fingiendo que era un viaje para acudir a una jornada de la Federación Española de Municipios y Provincias cargó los gastos a la Diputación, aunque no acudió a ningún acto de dicha entidad. Esto se investiga de manera paralela.

El silencio de los empresarios

Como decimos, el “desfile” judicial de estos 43 investigados en la trama comenzó el pasado 4 de junio. En el día de ayer fue el turno de cuatro empresarios que forman parte de los investigados en la presunta trama criminal, utilizando palabras de la instrucción del juez en noviembre. Se trata de José Francisco G.H, administrador solidario de Grupo González 2.015 Sociedad de Responsabilidad Limitada, socio único de Talleres y Grúas González S.L junto a Pilar G.H. Esta última empresa, cuyo capital social a finales de 2025 ascendía a 14.144.500 euros, es una de las empresas investigadas por el juez y que también contrató con la Junta de Andalucía. Aunque realmente, Francisco G.H declarará este viernes, ya que finalmente no lo hizo en el día de ayer.

Alejandro José M.S es otro de los llamados a declarar y cuya labor empresarial se centra en empresas de construcción. Por otro lado ha declarado José Sánchez Urán, concejal popular en el municipio almeriense de Olula del Río, también investigado en la trama por su participación personal y empresarial. Este concejal popular figura como administrador único de la mercantil Construcciones Sánchez García e Hijos S.L entre el 10 de septiembre de 2018 y el 19 de abril de 2022. Y, por último, Emilio.R.C. uno de los administradores de Construcciones Nila S.A, fundada en 1978, y con sede en una carretera de Vera, es una de las empresas investigadas en esta trama y que también ha contratado con la Junta de Andalucía. Y también declaró en el día de ayer otro investigado por videoconferencia.

No obstante, pese a la expectación que pudiera generar su declaración, los investigados no han dado ningún tipo de información. Su estrategia, en esta primera fase de Instrucción, se ha basado en no contestar ningún tipo de preguntas generadas tanto por el Juez como por el Fiscal o las acusaciones personadas en este caso. Solo dos de estos empresarios contestaron a su defensa únicamente.

Nuevas testificaciones

El secretario de Organización del PSOE de Almería y diputado socialista en el Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, anunció que el equipo jurídico del partido, personado como acusación popular, ha solicitado nuevas declaraciones testificales en las diligencias previas del conocido como 'caso Mascarillas'. Entre ellas, los socialistas han reclamado formalmente la comparecencia del expresidente de la Diputación Provincial y actual alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. Ahora esperan la decisión del juez.

En relación, Ayala subrayó que, desde el Partido Socialista, se entiende que el caso “no empezó con las mascarillas precisamente, sino que empezó mucho antes”. En este sentido, el parlamentario andaluz expresó que el propio abogado del expresidente de la institución provincial ha manifestado que “se están investigando contratos desde el año 2016”. Por ello, ha vinculado directamente el origen de la causa con “el anterior presidente de la diputación Gabriel Amat y su equipo más cercano en la Diputación Provincial de Almería”, según precisó la formación en una nota.

“Durante mucho tiempo se ha intentado presentar esta causa como si todo empezara y terminara en los contratos de emergencia de la pandemia”. Sin embargo, Ayala subrayó que de lo reflejado en las diligencias, en los informes de la UCO y en las conversaciones incorporadas al caso, demuestran “algo más profundo”.

Así, el parlamentario andaluz aseguró que este paso dado por la acusación popular socialista no busca “hacer ruido”. “Lo hacemos porque creemos que son necesarias para entender el origen de estructuras y la evolución de las relaciones que aparecen en la causa”.