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La provincia de Sevilla se ha convertido esta semana en una suerte de ‘polvorín’ para los intereses del PP. El relevo silencioso que se ha acometido en la dirección orgánica del PP de Sevilla, donde Agustín Aguilera, peso pesado en la consejería de Hacienda, ha sustituido a José Ricardo García, consuma así una concatenación de sucesos que afecta a los intereses del PP en la ciudad y provincia de cara a los próximos comicios municipales.
A este relevo orgánico se suman las dos informaciones que durante esta semana han hecho sonar el teléfono rojo del despacho presidencial de Moreno en San Telmo. Por un lado, la alcaldesa de San Juan del Aznalfarache, María Luisa Moya, ha sido procesada por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como “caso Amado”, por una gestión de contratos para el mantenimiento de las piscinas municipales, que también afecta al ex delegado de Deportes y portavoz del grupo Cambia San Juan, Carlos Amado.
Asimismo, en otro municipio sevillano, Utrera, el alcalde, Francisco De Paula Jiménez, declarará como investigado este lunes, 5 de octubre, por la cesión de un inmueble municipal al Club Deportivo Veteranos de Utrera, un club al que el propio regidor está vinculado y que el juez investiga como una posible acción de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Conato de crisis
La provincia de Sevilla se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para el Partido Popular en Andalucía. Lo que comenzó como una filtración por posibles sobresueldos vinculados a los fondos del grupo popular en la Diputación sevillana -y el partido-, que salió a la luz en febrero de 2025, se suman las investigaciones judiciales que afectan a los gobiernos municipales de Utrera y San Juan de Aznalfarache.
La crisis llega en un momento especialmente inoportuno para los populares, que durante los últimos años han ganado terreno en una provincia históricamente dominada por el PSOE. Su crecimiento electoral y municipal les ha permitido conquistar alcaldías y ampliar su presencia institucional, pero la presencia de casos de corrupción sobre la mesa amenazan con complicar la consolidación del partido en la provincia hispalense y asaltar el ente supramunicipal, el principal objetivo de Moreno en las próximas municipales.
El relevo en la dirección orgánica local no puede entenderse sin el contexto de las filtraciones acaecidas hace ya un año y medio, donde, según indica El Confidencial, el que hasta el momento ocupaba la secretaría general, Ricardo García, está señalado como posible filtrador de posibles sobresueldos y trasvase de fondos que afectaban a la etapa 2011-2015, cuando Juan Ignacio Zoido fue el regidor de la localidad.
La pugna se llevó a cabo hace un año y medio, pero todavía estaba latente en el seno orgánico y ha consumado esta misma semana, sin mucho ruido, en el cambio de nombres al frente de la secretaría general.
Filtraciones
En febrero de 2025 el entonces número 2 del PP de Sevilla, José Ricardo García, retiró de una notaría las cuentas del PP que finalmente acabaron filtradas en prensa. Según adelantó posteriormente El Correo de Andalucía, fue Sánchez quien hizo la solicitud formal de retirada de la documentación en noviembre del año anterior.
La contabilidad del PP de Sevilla estaba depositada en una notaría desde 2018, por su entonces presidenta, Virginia Pérez, como medida de precaución ante la guerra interna en el partido.
La documentación relacionaba, como se ha comentado, a actuales nombres importantes del PP sevillano, como el regidor de la ciudad, José Luis Sanz, o el teniente de alcalde, Juan Bueno, con posible cobro de sobresueldos. Sin embargo, Sanz calificó la información de “difamaciones” y, posteriormente, Bueno aseguró que se trataba de cobros relacionados con actividades normales del partido, sin darle mayor importancia y defendiendo que entran dentro de la normalidad.
Alcalde de Utrera y alcaldesa de San Juan del Aznalfarache
A la crisis interna se suma la situación del alcalde de Utrera, Francisco de Paula Jiménez , que responderá el próximo lunes frente a un juez sobre la cesión de un inmueble público al Club Deportivo Veteranos de Utrera. Un club del que el alcalde es socio.
La investigación judicial examina las circunstancias en las que se habría cedido el espacio, utilizado para actividades relacionadas con el ajedrez, y si se cumplieron los procedimientos administrativos necesarios. El auto del Juez sostiene que la cesión se habría producido sin el expediente administrativo ni la autorización formal correspondientes.
Por otro lado, la alcaldesa popular de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, afronta otro procedimiento judicial relacionado con la contratación del mantenimiento de las piscinas municipales durante 2023.
El juzgado ha acordado dar por concluida la fase de investigación y continuar el procedimiento por los cauces previstos para un eventual juicio ante un Tribunal del Jurado, al apreciar indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación. La decisión supone un avance procesal, pero no constituye una condena ni acredita definitivamente la comisión de esos delitos.
El procedimiento tiene su origen en la denuncia de la cooperativa Osset, que cuestionó su exclusión del proceso de contratación. No obstante, las informaciones publicadas sobre las cantidades ofertadas señalan que la propuesta de Osset ascendía a unos 41.000 euros, frente a los aproximadamente 30.000 euros del contrato adjudicado directamente. Por tanto, no puede afirmarse que la cooperativa presentara una oferta económicamente inferior.
La investigación deberá esclarecer cómo se desarrolló la contratación, cuáles fueron los criterios aplicados y si las decisiones adoptadas se ajustaron a la legalidad. También será necesario atender al contenido de las resoluciones judiciales y a las explicaciones de las personas afectadas para precisar el alcance de las posibles responsabilidades.
A las dificultades judiciales se suma la inestabilidad política del Ayuntamiento. En febrero de 2026, el PP rompió su pacto de gobierno con Cambia San Juan y pasó a gobernar en minoría, complicando la situación del Ejecutivo local.
La acumulación de estos episodios supone un desafío para los municipios sevillanos gobernados por el PP, así como para la dirección andaluza del partido.
