El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla afronta su momento político más delicado con dos frentes abiertos que han desatado una tormenta en el Parlamento: el silencio en torno al consejero de Industria, Jorge Paradela, tras conocerse que habría percibido más de un millón de euros de una empresa privada mientras ya formaba parte del Ejecutivo, y las presuntas irregularidades en la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en plena crisis de la sanidad pública andaluza.
Ambos casos han sido utilizados por el PSOE-A para denunciar una “ley del silencio” impuesta desde el Palacio de San Telmo y un modelo de gestión que, a su juicio, se basa en las evasivas, el blindaje institucional y la opacidad ante el control parlamentario. “Ni transparencia, ni rendición de cuentas. Esa es la Andalucía que nos está dejando Moreno Bonilla”, ha advertido Enrique Gaviño, portavoz socialista en la Cámara andaluza.
Caso Paradela: más de un millón de euros y ninguna respuesta
El caso Paradela ha adquirido una dimensión explosiva desde que el PSOE revelara que el actual consejero de Industria habría recibido más de un millón de euros por parte de una multinacional del sector energético mientras ya desempeñaba su cargo público. Los socialistas exigen saber qué empresa realizó el pago, por qué concepto y si esta se ha beneficiado de ayudas públicas a través de la consejería que lidera Paradela.
Sin embargo, la Junta se ha negado a facilitar la documentación requerida por la oposición, incluida la copia de los contratos y justificantes de esos pagos. La Mesa del Parlamento también ha bloqueado el acceso a la información, lo que ha llevado al PSOE a acusar directamente al Gobierno del PP de “ocultar datos deliberadamente” y alimentar así las sospechas de incompatibilidad o conflicto de intereses.
“Este apasionado silencio confirma las sospechas”, afirmó Gaviño, que acusó a Moreno Bonilla de responder únicamente con “insultos” y “balones fuera” cada vez que se le interpela sobre el asunto. El PSOE también ha recordado que esta no es una excepción dentro del Ejecutivo andaluz, citando otros escándalos como el del director general de Pesca que otorgaba ayudas a empresas familiares, el del tanatorio vinculado al secretario general del PP sevillano o el de los contratos de emergencia para mascarillas.
SAS: contratos bajo sospecha y una sanidad al borde del colapso
El segundo gran frente para el presidente andaluz es el deterioro creciente de la sanidad pública, con especial atención a la gestión del SAS, donde tres exgerentes están siendo investigados por contratos adjudicados bajo posibles irregularidades. La Cámara de Cuentas había iniciado una fiscalización de los contratos divididos durante la pandemia, pero el PSOE alerta de que este proceso ha sido paralizado tras colocar el Gobierno a un exconsejero al frente del órgano fiscalizador.
La situación del sistema sanitario en Andalucía agrava aún más este escándalo. La comunidad ocupa los últimos puestos en inversión por habitante y se enfrenta a un déficit de más de 18.000 profesionales sanitarios. En ciudades como Málaga, las contrataciones para cubrir el verano han disminuido de forma preocupante, mientras los hospitales —como el Regional— denuncian un 40 % menos de personal respecto al año anterior.
La presión asistencial es cada vez más insostenible, con cierres de quirófanos, consultas y plantas hospitalarias, además de unas listas de espera que siguen aumentando. Las protestas sindicales y ciudadanas no han cesado en los últimos meses, culminando en movilizaciones masivas en varias capitales andaluzas. “Moreno haría bien en tomar nota”, avisaban desde la Marea Blanca.
El relato de estabilidad, en cuestión
Moreno Bonilla ha construido su liderazgo sobre un relato de estabilidad, gestión eficaz y perfil moderado. Sin embargo, el cruce de los escándalos del SAS y Paradela con el colapso de la sanidad pública andaluza comienza a erosionar esa imagen. La oposición ya habla abiertamente de un “modus operandi” que conecta la ocultación de información con el deterioro de los servicios públicos esenciales.