La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por cerca de 60.000 firmas para combatir la masificación de las aulas andaluzas y presentada ayer en el Parlamento de Andalucía ni siquiera será votada. La mayoría absoluta del Partido Popular lo impidió al oponerse a tomarla en consideración, pese a sobrepasar ampliamente las 40.000 firmas exigidas por el reglamento para dar vía libre a la tramitación de este tipo de iniciativas populares. El presidente Juan Manuel Moreno ni siquiera estuvo presente en el Pleno.

La ILP pretendía en concreto rebajar la ratio de alumnos en los colegios andaluces: “Si hay una comunidad autónoma –argumentan sus promotores– donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, que no solamente está entre las comunidades autónomas con más alumnado por unidad escolar y docente, sino con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado".

La idea central es "mejorar el texto de la Ley de Educación de Andalucía, estableciendo en todos los niveles educativos preuniversitarios unas ratios adecuadas a la realidad actual y a las necesidades del sistema educativo andaluz, incluyendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales".

El Gobierno andaluz considera que la iniciativa "implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo”. Además, obligaría a "incrementar el presupuesto educativo en 1.362 millones al año" para financiar el aumento de personal docente y no docente y de infraestructuras que conllevaría su implantación.

Defendida desde la tribuna por la maestra Carmen Yuste, la ILP contaba con el apoyo de los grupos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Vox optó por la abstención y el PP lo hizo en contra. Según los promotores de esta iniciativa legislativa, "el descenso de la natalidad en todo el Estado y también en Andalucía hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de las ratios en todos los niveles educativos para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras". 

En el debate parlamentario, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, recordó que el Gobierno andaluz tiene ahora “más recursos que nunca”, pese a lo cual “ha cerrado 1.500 unidades públicas" en los centros educativos. "Cuando hay que hacer uso de la autonomía para defender la educación pública, se les cae el traje", reprochaba Márquez al Ejecutivo del PP.

Para la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán "no es de recibo que se haya intentado bloquear esta iniciativa incluso antes de llegar al Pleno", con la negativa de la Mesa del Parlamento a la prórroga de dos meses que sus promotores solicitaron para la recogida de firmas exigidas para su debate.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, defendió que la ILP debería haber al menos tramitado por una "cuestión de calidad democrática" y de "respeto a quienes en cuatro meses han conseguido 52.000 firmas”.

El parlamentario conservador Jorge Saavedra repitió los argumentos del PP, primero asegurando que la ratio es competencia del Gobierno de España y luego defendido que "la ratio en Andalucía es razonablemente buena, similar a la de Cataluña y Madrid y a otros países", al tiempo que ha recordado que el PSOE dejó una ratio en Educación Primaria de 21,4, mientras que tras la gestión del PP ha pasado a ser de 20,13, "un punto y una décima menos”.