Han pasado 15 años desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y cinco de la entrada en vigor de la versión andaluza que ampliaba y mejoraba la primera aunque no lo bastante como para que la exhumación de los restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena pudiera llevarse a cabo sin impedimentos.
Parece que habrá que habrá que esperar a la aprobación de la nueva versión de la Ley de Memoria, que el Gobierno ya ha enviado a las Cortes, para que la tumba del criminal de guerra sea retirada del lugar preeminente que hoy ocupa en el templo sevillano.
Además del archiconocido rechazo del Partido Popular a cualquier iniciativa para restaurar la dignidad de las víctimas del franquismo, las razones del fracaso de la ofensiva memorialista en el caso Queipo son principalmente dos: la resistencia de los cofrades de la Macarena y la pusilanimidad institucional de las autoridades autonómicas y locales, muy significadamente las del Partido Socialista.
Aunque la negativa de la Hermandad de la Macarena a cumplir los tímidos requerimientos del Parlamento y el Ayuntamiento de Sevilla sea la causa primera de que Queipo siga en la basílica, siempre contó con la anuencia del Arzobispado de Sevilla, que lleva años poniéndose de perfil cada vez que los familiares de las víctimas del militar golpista han llamado a las puertas herradas de lo que el periodismo cofrade sevillano denomina untuosamente como ‘Palacio’.
Ayer, como motivo del 86 aniversario del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil, un puñado de activistas republicanos y representantes del movimiento memorialista andaluz volvieron a concentrarse a las puertas de la iglesia. Vienen haciéndolo desde hace años. Son pocos y acumulan un apretado historial de derrotas, pero no se rinden.
Preguntado sobre la cuestión, el alcalde de Sevilla aseguraba ayer que, "tarde o temprano, los restos de Queipo de Llano saldrán de ahí; espero que sea cuanto antes". Antonio Muñoz puntualizó que si la nueva Ley estatal de la Memoria Histórica es "explícita y no deja dudas de que personajes como Queipo tienen que salir de la Macarena, tendrá que hacerlo".
Además de mostrarse esperanzado en la futura ley, el regidor sustentó sus buenos deseos “en las palabras del hermano mayor de la Macarena cuando dijo públicamente que cumplirá lo dictado en el texto normativo". Ciertamente, esas fueron las palabras de José Antonio Fernández Cabrero, pero, de atenernos a la máxima evangélica de ‘por sus obras los conoceréis', la realidad es que las del el hermano mayor de la influyente hermandad que agrupa a 15.000 cofrades no dan demasiado pie al optimismo.
Esto decía en octubre pasado el hermano mayor de la Macarena: “Cuando la Hermandad tenga las disposiciones que regulen la retirada de los restos y las instrucciones oportunas y precisas bajo el precepto legal, no se tendrá ningún problema en proceder”. Un mínimo de empatía con la causa de las familias de los asesinados por Queipo habría hecho innecesarios los escrúpulos reglamentistas de Fernández Cabrero, decidido a poner su condición de cofrade por encima de su condición de ciudadano.
En su artículo 32, punto 4, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía dice lo siguiente: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”,
Por lo demás y más allá de las reticencias no exentas de doblez del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ni la Junta de Andalucía liderada por Susana Díaz ni el Ayuntamiento de Sevilla encabezado por Juan Espadas mostraron nunca demasiado celo en presionar a la Hermandad de la Macarena para que retirara los restos de quien fue descrito por el historiador Paul Preston como “un matón, chivato y mujeriego empedernido” cuyas “charlas radiofónicas nocturnas eran una incitación a la violación y al asesinato en masa", lo cual no impidió que “fuera enterrado como un penitente de la Cofradía de la Virgen de la Macarena”.
El también historiador José María García Márquez, experto en el espadón africanista, atribuye 12.854 “casos documentados” de víctimas asesinadas a quien años después patrocinaría la construcción de la basílica de la Macarena y crearía una fundación para “amparar y proteger a la infancia desvalida”.
Temerosos de enfrentarse a un poder fáctico de la ciudad como es sin duda la Hermandad de la Macarena, Díaz y Espadas optaron en su momento por ponerse de perfil aunque procurando aparentar que se ponían de frente. En la particular memoria histórica del Partido Socialista no se han olvidado los graves errores cometidos durante la Segunda República en materia de política religiosa: si entonces pudieron pecar de imprudentes, hoy tal vez pecan de timoratos.
