La Diputación de Almería (PP) ha elegido un nuevo presidente, José Antonio García Alcaína, hasta ahora vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes. Esta elección se produce después de que el anterior presidente, Javier Aureliano García, tuviera que dimitir por la investigación en el caso Mascarillas, como principal implicado por presuntas mordidas millonarias. También dimitió su vicepresidente, Fernando Giménez, o el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ambos del PP e implicados en la investigación.

Sin embargo, la "renovación" que el PP había prometido con esta nueva elección se queda "a medias" después de las formas con las que ha sido llevada a cabo. En primer lugar, un hecho casi insólito, según relatan protaognistas presentes en la Diputación almeriense, en el que no se ha dejado acceder a la prensa a la sesión plenaria. Una medida que el órgano provincial ha achacado al "aforo". La única alternativa ofrecida por estos ha sido un pequeño salón contiguo a la sala, en el que se ha instalado un televisor de plasma en el que los profesionales han tenido que seguir el discurrir de la sesión. Un 'modus operandi' similar al que desarrollaba el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en sus años en la Moncloa, donde ofrecía rueda de prensa sin preguntas y a través de un televisor.

Por otro lado, otro hecho que también desliza la "no renovación" prometida por los populares es la continuación del alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, en su puesto en la Diputación provincial como resposable del Área de sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos. Al menos, por el momento, la institución no ha ofrecido ningún tipo de información sobre que se pueda acometer un posible cambio en este sentido.

Martínez es otro de los presuntamente implicados en el caso Mascarillas. El órgano instructor investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque se achacan diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama. Así, la pareja del regidor de Tíjola, Eloísa Fernández Ruiz, es la administradora única de Tagilis, una de las empresas que obtuvieron trabajos por la Diputación almeriense. Además, Fernández Ruiz también forma parte de otras empresas que obtuvieron trabajos del órgano provincial, como Constíjola S.L.

Por otro lado, el alcalde, Juan Martínez, fue denunciado por hechos que, según se expone en el escrito, podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa y urbanística, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la administración, administración desleal, falsedad documental u organización criminal. 

La denuncia describe la existencia de una “agrupación de personas, que con carácter estable y por tiempo indefinido, vienen realizando tareas de manera concertada y coordinada” que estarían causando un grave perjuicio al interés general de los vecinos. El regidor es situado, literalmente, “en el vértice de la pirámide” de ese entramado. El núcleo de los hechos gira en torno al complejo deportivo Al-Moroc, inaugurado en 2024 y valorado en más de 4 millones de euros. Según la denuncia, el Ayuntamiento adquirió los terrenos para esta infraestructura mediante resoluciones de Alcaldía de 2020 pese a que la parcela se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección, a menos de 100 metros de los ríos Almanzora y Bacares.

La Asociación de Prensa de Almería rechaza la restricción de acceso

La Asociación de la Prensa de Almería ha manifestado su "profunda preocupación y rechazo" ante la medida adoptada por la Diputación de Almería de no permitir la entrada y presencia en el salón de plenos del Palacio Provincial de los redactores gráficos y cámaras de TV para realizar su labor informativa durante el pleno extraordinario de toma de posesión del presidente de la institución.

En un momento en el que la "sociedad demanda a las Administraciones Publicas y, por ende, al organismo provincial máxima transparencia, esta decisión basada en meras limitaciones de aforo, supone un grave retroceso en los principios y deberes democráticos que sustentan el derecho a informar y ser informado, y también al derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz y completa sobre asuntos de interés público", ha aseverado el organismo.

La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece en su artículo 5 que las Administraciones Públicas deben actuar conforme a los principios de transparencia y en su artículo 12 reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 6 incluye que en la celebración de plenos es necesario permitir el acceso de los medios gráficos para garantizar la difusión pública, explica en un comunicado.

La Asociación de la Prensa de Almería ha considerado que "cerrar las puertas" del salón a los medios gráficos 2contraviene el libre ejercicio de la labor periodística de la que forma parte esencial la imagen y el testimonio gráfico de los profesionales de TV y del fotoperiodismo. No es suficiente con la opción de descarga de imágenes y material audiovisual de la sesión plenaria. La transparencia de la actividad pública debe garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se desarrolla un pleno histórico. Por ello, instamos a la Diputación Provincial a rectificar de inmediato esta decisión y garantizar el acceso libre de los medios gráficos, como corresponde a una institución que debe ser ejemplo de transparencia y buen gobierno".