La tensión entre el Ayuntamiento de Sevilla y los trabajadores de la limpieza de los colegios públicos está alcanzando uno de sus momentos más críticos. Los encierros en la Casa Consistorial, las concentraciones en la calle y la amenaza de nuevas movilizaciones marcan un conflicto que gira en torno a la externalización del servicio municipal de limpieza escolar, una decisión impulsada por el Gobierno local (PP), junto con el apoyo plenario de Vox, que ha provocado el rechazo frontal de sindicatos y parte de la oposición.
Tras el encierro protagonizado por representantes sindicales en el propio Ayuntamiento, el comité de empresa y el Gobierno municipal tienen previsto reunirse este viernes para intentar rebajar la tensión y explorar posibles soluciones, aunque las organizaciones de trabajadores ya han advertido de que mantendrán su calendario de protestas.
El origen del conflicto: la privatización del servicio
La crisis comenzó a escalar cuando el Ayuntamiento aprobó por la vía “extraordinaria y urgente” el nuevo contrato del plan denominado “Colegios Limpios”, que abre la puerta a externalizar el servicio de limpieza de los centros educativos públicos. La decisión fue interpretada por los sindicatos como un paso definitivo hacia la privatización del servicio. En respuesta, representantes de CCOO, UGT, CSIF y USO, junto al comité de empresa del Ayuntamiento, decidieron encerrarse en la Casa Consistorial como medida de presión contra el Gobierno municipal.
Las organizaciones sindicales sostienen que la medida se ha tomado sin negociación real con la plantilla y alertan de que podría afectar a centenares de trabajadores, especialmente a quienes ocupan puestos interinos o temporales.
El Gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde José Luis Sanz, defiende que la externalización es necesaria para mejorar el servicio y garantizar mejores condiciones de limpieza en los centros escolares. No obstante, las organizaciones sindicales sostienen que la medida se ha tomado sin negociación real con la plantilla y alertan de que podría afectar a centenares de trabajadores, especialmente a quienes ocupan puestos interinos o temporales.
Encierro en el Ayuntamiento y protestas en la calle
Durante el miércoles, varios representantes sindicales se encerraron en el Ayuntamiento mientras otros trabajadores se concentraban en el exterior para mostrar su rechazo a la medida. Sin embargo, las movilizaciones ya habían comenzado desde el mes de enero, incluyendo una acampada en la zona de Puerta Jerez, con la que pretendían visibilizar el conflicto y presionar al Gobierno municipal para que reabriera las negociaciones.
En ese contexto, el encierro en la Casa Consistorial se ha convertido en el episodio más simbólico del enfrentamiento entre plantilla y Ayuntamiento. Según los representantes sindicales, la protesta buscaba denunciar una decisión política que consideran “impuesta” y reclamar la retirada del proceso de externalización.
Tras varias horas de tensión, el alcalde contactó con los representantes del comité de empresa para abrir un canal de diálogo. Como resultado, ambas partes han acordado mantener una reunión este viernes con miembros del Gobierno municipal. No obstante, los sindicatos dejan claro que ese encuentro no significa el final del conflicto. El presidente del comité de empresa, Jorge Menacho, ha confirmado que las movilizaciones continuarán mientras no haya compromisos claros sobre el futuro del servicio.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas concentraciones y la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir de abril si no se alcanza un acuerdo con el Ayuntamiento.
Un pulso político y laboral
El conflicto también ha adquirido una dimensión política. Parte de la oposición municipal ha criticado el procedimiento utilizado por el Gobierno local para aprobar el contrato, al considerar que se ha realizado con escasa transparencia y sin debate previo suficiente.
Desde el equipo de gobierno sostienen que el nuevo contrato responde a una necesidad estructural: mejorar la limpieza de los centros educativos, donde el servicio actual, según defienden, se ha quedado corto para atender las necesidades de los colegios públicos de la ciudad. Para los sindicatos, el problema es otro: aseguran que el deterioro del servicio se debe a años de falta de contratación y sustituciones, una situación que habría sobrecargado a la plantilla municipal y que ahora se utiliza como argumento para justificar la externalización.
