Los representantes sindicales del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han iniciado este miércoles un encierro en la Casa Consistorial como protesta por la aprobación definitiva del nuevo modelo de limpieza de los colegios públicos. Así, este modelo supone la externalización del servicio a través del denominado “Plan Colegios Limpios”. La iniciativa ha salido adelante en Junta de Gobierno Local del PP con el apoyo plenario de Vox pese al rechazo frontal de la plantilla y de los grupos de la oposición de izquierdas.

El presidente del comité de empresa y representante de CCOO, Jorge Menacho, ha explicado que el encierro “va a durar lo que haga falta” y ha denunciado que la decisión se ha adoptado “sin conocimiento y sin negociación con los entes sociales”. En la misma línea, el secretario de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, ha criticado que se trata de una decisión “unilateral” que vulnera “los derechos fundamentales de información a la plantilla”.

Una aprobación exprés en medio de protestas

Pese a las movilizaciones que llevan desarrollándose desde el mes de enero, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha anunciado la aprobación del nuevo contrato, que contempla como mínimo 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde.

El Ayuntamiento defiende que el nuevo modelo incrementará los recursos destinados a los colegios y elevará la media de trabajadores por centro. Igualmente, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido reiteradamente que la medida “no supone la pérdida de empleo de ningún trabajador” y que responde a su “responsabilidad de resolver un problema”. Sin embargo, los sindicatos sostienen que la externalización abre la puerta a un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del control público del servicio.

Desde CCOO, el sindicato ha difundido en redes sociales, a través de su portavoz Carlos Aristu, que el problema no es la falta de medios, sino la falta de voluntad política para reforzar lo público. Según su punto de vista, el Gobierno municipal están utilizando el argumento de la modernización para justificar una privatización que, a medio plazo, puede suponer precarización y menor control democrático del servicio.

Así, el comité de empresa insiste en que no se ha facilitado información completa ni se ha abierto una negociación real para estudiar alternativas dentro del propio servicio municipal. “Seguimos ofreciendo la mano tendida”, ha reiterado CSIF, que pide sentarse a valorar cómo mejorar la limpieza sin externalizarla.

Apoyo político a la plantilla

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, ha anunciado su participación en el encierro y ha mostrado su respaldo a los trabajadores. En un comunicado, IU ha calificado de “especialmente grave” que la decisión se haya adoptado por la vía de urgencia, “sin transparencia ni debate previo”.

Del mismo modo, la formación ha solicitado que se remita a la oposición el expediente completo y ha advertido que teme posibles irregularidades administrativas, como informes contrarios de la Intervención municipal o incluso que el contrato supere el techo de gasto. “El nuevo modelo no solo supone un ataque al empleo público y a las condiciones laborales, sino un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos municipales”, ha denunciado Sánchez.

También el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha criticado la convocatoria urgente de la Junta de Gobierno Local. En declaraciones remitidas a los medios, ha acusado al alcalde de gobernar “con el ordeno y mando”, despreciando el diálogo con sindicatos y comunidad educativa.

A esto se suma que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, haya expresado públicamente su apoyo a los trabajadores afectados, además de haber advertido que la defensa de los servicios públicos pasa por garantizar su gestión directa y transparente. Montero ha lamentado que el alcalde de la capital, José Luis Sanz, ponga en riesgo no solo la situación de salubridad de los escolares en los colegios sino el empleo público. En ese sentido, ha criticado la "hoja de ruta" del PP allí donde gobierna: "Dejar morir los servicios públicos para después tener la excusa de privatizarlos".

El Ayuntamiento insiste en que se trata de un “cambio estructural” que profesionaliza el servicio y mejora las condiciones laborales con nueva maquinaria, pero para la plantilla y sindicatos el debate no es técnico, sino político: quién gestiona y bajo qué criterios un servicio esencial en los colegios públicos. De este modo, el encierro en la Casa Consistorial simboliza ese pulso abierto sobre el modelo de ciudad y el papel de lo público.

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