El PSOE de Andalucía pedirá formalmente a la Fiscalía que investigue al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla por una presunta “irresponsabilidad y negligencia” en la prevención de incendios. Se acusa a la Junta de dejar sin ejecutar 350 millones de euros destinados en los dos últimos años a selvicultura preventiva y obras de defensa del monte. La petición llega este miércoles 21 de agosto, el mismo día en que la Fiscalía de Medio Ambiente ha ordenado a los fiscales provinciales comprobar si los municipios más afectados por la actual ola de incendios tienen y aplican planes de prevención, como exige la Ley de Montes.
El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, explicó en rueda de prensa que, si la Fiscalía va a revisar la actuación de las corporaciones locales, “investigue también al Gobierno andaluz” por el supuesto retraso o abandono de inversiones autonómicas comprometidas para el cuidado de los montes. El PSOE-A cifra en 350 millones el dinero no ejecutado en 2023 y 2024 y lo vincula al aumento del riesgo en campaña estival.
“Dejar de invertir 350 millones en dos años, ante la emergencia climática, en selvicultura y obras de prevención de fuegos es comprar bidones de gasolina para que arda el monte andaluz, y eso ha hecho Moreno Bonilla”, denunció Jiménez. “La falta de ejecución en prevención y extinción es un atentado contra el patrimonio forestal y la seguridad de las personas”.
El dirigente socialista añadió que el presidente andaluz “reaparece tras sus largas vacaciones” para culpar al Gobierno central y calificó esa actitud de “tomadura de pelo” y “desvergüenza política sin precedentes”.
La respuesta de la Junta
Fuentes del Ejecutivo andaluz sostienen, en sentido contrario, que Andalucía tiene el mayor presupuesto del Plan Infoca de su historia en 2025: 257 millones (un 6% más que en 2024), con 146 millones (56,8%) dedicados a prevención y 111,2 a extinción. Además, la Consejería de Medio Ambiente anunció una inversión de 211 millones en prevención y restauración 2024-2025. En paralelo, la Orden de 4 de noviembre de 2024 aprobó el Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción para 2025.
En los últimos días, sindicatos de bomberos forestales han denunciado déficits de personal y equipamiento, mientras la Junta niega carencias y reivindica refuerzos. El debate sobre medios y prioridades se produce en plena campaña de incendios y con movilizaciones de efectivos del Infoca.
Marco sanitario
En la misma comparecencia, Jiménez anunció que el PSOE-A pedirá que se investigue el nuevo acuerdo marco sanitario que, según sus cálculos, “permite al PP robar otros 530 millones de la sanidad pública para enchufarlos a la privada”, que se sumarían a los 1.500 millones “bajo sospecha” en los tribunales.
Ese acuerdo marco encaja con la licitación del Servicio Andaluz de Salud para procedimientos quirúrgicos externalizados, con un valor estimado máximo de hasta 533 millones a cuatro años, publicada en junio. La Consejería de Salud defiende que los precios y adjudicaciones se ajustan a la Ley de Contratos y al mercado, y el Gobierno andaluz niega que exista una desviación ilícita de 1.500 millones o una investigación por esa cuantía
Asimismo, Anticorrupción abrió en 2024 diligencias sobre contratos sanitarios de la Junta adjudicados por procedimientos excepcionales y este año una jueza de Cádiz admitió a trámite una querella del PSOE-A contra el director económico del SAS por presunta malversación y fraccionamiento de contratos (línea de investigación que afecta a varios ejercicios y responsables).
Frente ambiental
La instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente de hoy pide revisar si los municipios en zonas afectadas disponen y aplican planes de prevención y exigir responsabilidades penales a quienes, teniendo obligación, no lo hayan hecho. El PSOE-A pretende extender ese foco a la administración autonómica, alegando que la falta de ejecución de partidas autonómicas podría haber aumentado el riesgo. La discusión jurídica se moverá entre competencias municipales, que van desde la limpieza de interfases urbano-forestales hasta ordenanzas y planes locales, y competencias autonómicas, es decir, la gestión forestal, los cortafuegos y tratamientos selvícolas.
El reclamo de los socialistas llega en una campaña de incendios que ha tensionado a todas las administraciones y ha reabierto el debate sobre cuánto se invierte en prevenir frente a apagar. Con ello han señalado fuertes oscilaciones en la inversión autonómica en prevención a lo largo de los años, y varias comunidades —incluida Andalucía— sostienen que han reforzado presupuestos y dispositivos en 2024-2025. Aun así, la Fiscalía ha puesto el foco en la “ausencia” o “aplicación improcedente” de planes locales como factor agravante de la actual ola de fuegos.
