El PSOE denuncia la eliminación, por parte del SAS, de pruebas de presuntas falsedades en los contratos de emergencia

Los tentáculos de la crisis sanitaria en Andalucía continúan extendiéndose. El PSOE, personado como acusación popular, ha denunciado la eliminación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de pruebas de una supuesta falsedad en los contratos de emergencia, ocultando y eliminando expedientes clave avanzar en la causa y que el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, había exigido a las instituciones para esclarecer el caso.

Según publica en primera instancia El País, Los socialistas acusan al organismo que gestiona la sanidad pública andaluza de "alteraciones documentales" y alertan al magistrado de que han ignorado su orden para remitirle todos los detalles de los contratos firmados por 242 millones entre 2020 y 2024. Una omisión que ya es la segunda vez que ocurre y que ha motivado que el PSOE reclame que la Guardia Civil entre en la sede del SAS para incautarse de toda la documentación que el Ejecutivo de Moreno Bonilla no está remitiendo a los Juzgados.

La principal señalada desde las filas socialistas es la actual gerente del servicio sanitario, Valle García, investigada en el caso. Dejan caer que puede haber influido en los funcionarios encargados de remitir toda la información al juzgado para tratar de ocultar datos relevantes a las pesquisas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y por ello, piden a la Justicia que se asegure de que García no esté involucrada en los envíos de documentos de ahora en adelante. El escrito aboga por la entrada de los agentes de la Guardia Civil en la sede de los servicios centrales del SAS, con el objetivo de "incautarse en sus ordenadores y servidores informáticos con la totalidad de los expedientes de contratación investigados en cualquier formato existente, así como cualquier documentación relacionada con los mismos: expedientes, facturas, certificados, comunicaciones, correos electrónicos relacionados con cada uno de los prestadores de servicios y proveedores".

"Claridad y precisión" no cumplidas

José Antonio Gómez ya exigió al Servicio Andaluz de Salud su cooperación con la máxima "claridad y precisión" para que enviaran cada detalle de todos los contratos de esos cinco años firmados con las clínicas de la sanidad privada para aclarar exactamente cómo fueron concertados los servicios, después de que ya fuese entregada la documentación, en primera instancia, de manera incompleta. Pese a las reclamaciones de cooperación por parte del magistrado, los documentos remitidos este verano tampoco están ordenados y el PSOE asegura que tiene numerosas pruebas de que han sido manipulados, por lo que demanda que sea la Guardia Civil quien requise los archivos para así cerciorarse de que no se pierde ningún rastro documental.

El Gobierno andaluz, por su parte, se revuelve y justifica que el juzgado tiene en su poder todos los documentos que les habían pedido: "El SAS ha enviado toda la documentación que se ha solicitado. Absolutamente toda, con el firme propósito de colaborar en todo lo posible. Los correos electrónicos que según el escrito del PSOE no se han remitido se remitieron al juzgado en enero de 2024. Y están incorporados a la causa. Se trata de una maniobra del PSOE para intentar dilatar los trámites y alargar la causa artificialmente, tratando de impedir que los testigos y los investigados puedan comparecer ante el juez para demostrar la verdad", se defiende el Ejecutivo de Moreno Bonilla.

Los socialistas, no obstante, insisten en que existen documentos, certificados y facturas cuyas fechas han sido manipuladas para ocultar que el plazo límite de los contratos de emergencia, el 17 de mayo de 2023, se sobrepasó con convenios que no podían acogerse a esa fórmula administrativa excepcional que proliferó especialmente con la pandemia del Covid-19. No obstante, no es el único ejemplo que dan para señalar que el SAS es esquivo con la justicia, y también denuncian que se omitió presuntamente documentación contractual por valor de 53 millones de euros, dado que la suma de los acuerdos de emergencia entre el 20 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 se elevó a 242 millones, pero la suma de los expedientes remitidos ahora por el SAS asciende a solo 189 millones.

Para señalar esta variación en los costes finales, el escrito destaca como ejemplo un contrato con el proveedor Amaveca Salud SL, cuyo resumen, aportado por el SAS, dice que facturó 2,7 millones, cuando la carpeta del proveedor acredita un contrato inicial y tres adendas que elevan el importe hasta los 4 millones. Dada la relevancia y volumen de la documentación que contienen los contratos y que el SAS supuestamente no ha aportado, el partido socialista reclama al juez que suspenda la declaración prevista de cinco testigos el próximo 18 de noviembre, entre ellos la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, y la exinterventora delegada del SAS, Blanca Pons.

Reclaman la intervención de la Guardia Civil

El PSOE valora que la gerente, en caso de haber dado orden de ocultar información, podría estar amparada por su derecho fundamental a no autoincriminarse, y que por ello es necesario que sean las Fuerzas de seguridad del Estado las que intervengan para que la documentación llegue al Juzgado en perfectas condiciones de integridad y veracidad. "Esta actitud defensiva y el acceso a material secreto restan credibilidad a la documentación aportada y refuerzan la sospecha de que la propia investigada podría estar controlando la información que se facilita al juzgado, influyendo presuntamente en los funcionarios que tienen el deber de colaborar objetivamente con la justicia", denuncian los socialistas. Sobre el ejemplo de Amaveca Salud SL, los denunciantes sostienen que es "plausible" que esa misma práctica de aportar documentación por importe inferior al contratado se haya repetido con el resto de proveedores del SAS para adelgazar las cuentas de resultados finales.

"Tras un primer traslado documental confuso e incompleto, se instó como diligencia esencial que el SAS remitiera la totalidad de la documentación, una solicitud que se fundamentó en el hallazgo de correos electrónicos y comunicaciones que apuntaban a presuntas prácticas fraudulentas graves, como la simulación y falseamiento de fechas. Por ello, el Ministerio Fiscal, advirtiendo la misma omisión por parte del SAS, solicitó al magistrado que se aportasen los expedientes íntegros, ordenados", incide el escrito del PSOE.

"El SAS ha omitido de nuevo, por segunda vez, presuntamente, de manera consciente y sin explicación, una parte esencial de lo solicitado, generando una razonable sospecha de ocultación de evidencias delictivas", afean también, antes de sentenciar duramente: "No se ha aportado absolutamente nada en relación con las comunicaciones y correos electrónicos de los responsables del SAS con los proveedores. Resulta tremendamente llamativo que mientras en el primer envío sí se deslizaron algunos correos electrónicos reveladores, ahora, tras ser requeridos expresamente para aportar la totalidad, el SAS no solo no aporta el resto, sino que omite incluso aquellos pocos que ya había entregado. Parece una reconstrucción ad hoc de los expedientes para ocultar cualquier comunicación comprometedora".