La noticia ha tenido poco eco mediático y social, pero es una carga de profundidad que dinamita el modelo comercial andaluz: el gobierno andaluz del PP y Cs, con el apoyo parlamentario de Vox, ha aprobado un Decreto-Ley (2/2020) que asume todos los intereses de los grandes operadores comerciales, de capitales multinacionales, en detrimento del pequeño y mediano comercio, de capital andaluz.

Con la excusa del covid-19 y del Brexit (sí, sí, han leído bien ¡del Brexit!) el gobierno andaluz ha hecho suyo el discurso de la patronal de grandes superficies comerciales (ANGED) con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (de la que actualmente no es miembro la Confederación Comercio Andalucía –CCA- que es la patronal que firma los convenios colectivos provinciales). Varios de  los “objetivos” argumentados en el preámbulo del Decreto-Ley para modificar ‘manu militari’ la Ley de Comercio de Andalucía, saltándose los trámites previsto en la vía ordinaria, son los de apoyar el comercio presencial frente al comercio electrónico, favorecer el consumo de los turistas e incrementar las inversiones inmobiliarias en el ámbito de los centros comerciales, es decir, más ladrillo.

En definitiva, se trata de importar el modelo madrileño de desregulación horaria, bajo la premisa que cuanta menos regulación mayor crecimiento económico y por lo tanto mayor empleo y riqueza se genera. Muy ilusionante, si no fuera porque, una vez más, se trata de una gran mentira, tal y como demuestran los hechos.

El estudio de la Dra. María Jesús Yagüe Guillén, de la Universidad Autónoma de Madrid, “Sobre el impacto de la liberalización de horarios comerciales en el comercio minorista”, analizando la evolución comercial de 2012 y 2013, confirma que el modelo ¿liberal? madrileño supuso pérdida de empleo y de oferta comercial. Pero sobre todo que “no hay evidencia de que la liberalización de horarios comerciales haya contribuido al incremento de las ventas minoristas en ningún formato comercial pero si ha beneficiado relativamente a algún modo de distribución ha sido al de las grandes cadenas mientras que las menos beneficiadas son las empresas unilocalizadas”.

Las empresas agrupadas en la ANGED viven con terror el avance de las grandes empresas de comercio electrónico (como AMAZON o Ali Express) que les están quitando cuota de mercado. La respuesta es intentar recuperar parte de dicha cuota de mercado a costa del pequeño y mediano comercio  (como ha ocurrido en Madrid) mientras intentan saltar del comercio presencial al electrónico, en ocasiones con pésimos resultados como lo demuestran los datos de El Corte Inglés.

Es decir, el discurso de creación de empleo y riqueza esconde otro mucho más prosaico: trasvasar cuota de mercado del pequeño y mediano comercio (de capital autóctono) al comercio de grandes superficies (de capital multinacional). Con el efecto colateral de bajar el atractivo de los locales comerciales de nuestras calles (generalmente de vecinos de la localidad donde se asientan) en beneficio de los alquileres en grandes equipamientos comerciales (propiedad de grandes fondos de inversión).

Por su parte, PP y Cs están interesados en volver al ‘pelotazo urbanístico’ donde centros comerciales y campos de golf servían de “tractores” para proyectos de viviendas en nuevas zonas, y cuyo rastro de corrupción es de sobra conocido. Esa es la “inversión” a la que hace referencia el Decreto-Ley.

Resulta obvio que PP y Cs en Andalucía se han plegado a los intereses económicos exógenos, mientras los intereses económicos autóctonos son sacrificados.

Y para UGT tres son las grandes consecuencias que promueve este Decreto-Ley pactado con Vox.

1. Pérdida del comercio tradicional a favor del comercio electrónico y de las grandes cadenas

La apuesta de PP y Cs de trasvasar cuota de mercado del pequeño y mediano comercio a las grandes superficies va a suponer, como en Madrid, menos rentabilidad del comercio de proximidad, y por lo tanto el cierre inevitable del mismo. Con su desaparición, se pierde el empleo estable (generalmente autónomo), se dificulta el consumo de aquellas personas que no puedan desplazarse varios quilómetros hasta la periferia (como personas que no conducen o no tengan vehículo privado –mayores, personas con diversidad funcional, jóvenes, etc.–, bajan los alquileres de los locales comerciales (generalmente propiedad de familias de la misma localidad en los que se asientan), se desertizan las calles con el consecuente riesgo del aumento del riesgo de violencia, y se pierde oferta comercial en zonas rurales y deprimidas.

Esto es especialmente doloroso, ya que frente a los grandilocuentes discursos de las derechas sobre la “España Vaciada” todas sus decisiones contribuyen a despoblar Andalucía. Primero con el cierre de centros de salud, oficinas locales de recaudación autonómica y colegios, y ahora provocando la pérdida de ventas en el comercio de pequeñas y medianas localidades.

Pero no todo esa cuota comercial que pierde el pequeño y mediano comercio de proximidad se trasvasa a los grandes centros comerciales, sino que parte de ella irá directamente al comercio electrónico, que será la única que podrá satisfacer las necesidades de esos grupos o territorios, privados de un comercio de proximidad. Es decir, que la ley provocará precisamente lo que afirma pretender evitar.

2. Pérdida en el empleo y la calidad del mismo

Frente a la figura del autónomo del pequeño y mediano comercio de proximidad, el empleo que se genera por las grandes empresas de distribución comercial (ya sean presencial o electrónico) es de baja calidad: bajos salarios (los convenios colectivos provinciales del sector comercio siempre son mejores que el Sectorial de Grandes Almacenes o de Empresa), contratos a tiempo parcial, de gran temporalidad, etc.

Por su parte, el comercio electrónico, reduce la mano de obra al permitir una mayor automatización de los procesos, y el poco que genera lo concentra en la periferia de grandes zonas urbanas.

3. Pérdida de ingresos fiscales

Por último, la concentración de la oferta comercial en grandes empresas de distribución comercial, ya sean de comercio presencial o electrónico, y de los grandes operadores inmobiliarios, permite el uso intensivo de beneficios contables que suponen pérdidas fiscales importantes para las haciendas públicas (estatal, autonómicas y locales) frente al comerciante autónomo y los pequeños propietarios inmobiliarios de uno o dos locales comerciales.

En definitiva, con este Decreto-Ley la ciudadanía en general tendrá más dificultades para acceder a una oferta comercial accesible, diversa y de calidad, los autónomos verán aún más complicada su supervivencia viéndose abocados al cierre de miles de establecimientos, los trabajadores de las grandes superficies verán cómo sus salarios y condiciones de trabajo seguirán degradándose, nuestras ciudades se volverán más peligrosas, aumentará la presión para el abandono de las zonas rurales, y los menores impuestos recaudados obligarán a subirlos para todos, o aumentar el déficit, o bajar los servicios públicos.

Y por eso no dudamos de calificar de antipatriótica la política de PP, Cs y Vox.

(*) José Luis García Chaparro es secretario sectorial regional de comercio, FeSMC-UGT Andalucía.