En la madrugada del pasado miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos amarillos en varias provincias andaluzas por las bajas temperaturas que estas podrían alcanzar durante la madrugada. Con la vuelta al cole de niños y niñas andaluces y con los termómetros marcando hasta -4º en provincias como Sevilla, Almería, Granada, Jaén o Córdoba, se ha hecho más que evidente la acuciante necesidad de implantar la Ley de Bioclimatización de 2020 de la Junta de Andalucía. Una ley que se pone de manifiesto cada verano pero que se nos olvida durante el invierno, donde cada vez se alcanzan temperaturas más extremas en las aulas.

El pasado noviembre la Junta de Andalucía anunció que el Plan de Bioclimatización se le dotaría con 54 millones de euros para la mejora individualizada de la climatización en 3.481 centros educativos públicos. La idea, bajo el plan 'Mejora tu centro', fue impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable. Este plan cuenta ya con 532 actuaciones, con una segunda fase, ya en marcha, que beneficia a 80 centros más. En total, la inversión de este plan alcanza los 182 millones de euros, explicaba el órgano competente autonómico en educación.

No obstante, la principal novedad de este plan era que el modelo de ejecución recaía en cada centro escolar, transfiriendo directamente los fondos la Junta a los mismos. Unos fondos, además, que finalmente irían destinados a la instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. 

Esta medida fue muy criticada por el sindicato USTEA, que ponía el foco en que este nuevo plan, pese a afectar a más de 3.000 centros docentes con más de 50 millones de euros, la realidad es que finalmente a cada uno de estos centros le correspondería una dotación de unos 15.000 euros. Un montante que se antoja insuficiente para acometer reformas de gran calado y que supongan un salto cualitativo en cuanto a la climatización se refiere.

Además, una de las críticas principales que, desde plataformas como 'aulas de calor' se le ha realizado a la Junta de Andalucía desde que se pusiera en marcha la Ley de Bioclimatización de 2020, era que las instalaciones que esta había realizado en los centros, que según USTEA no alcanzan el 10% del total andaluz, era que no se hacía cargo del mantenimiento, lo que acababa generando un perjuicio mayor para el alumnado, causando efectos como casos de legionela u otras patologías respiratorias, por la humedad que genera en las aulas.

USTEA plantea dos dudas principales al plan 'Mejora tu centro'. En primer lugar, el no haber explicado cómo se va a realizar el mantenimiento de las nuevas instalaciones: "La CDEFP (sic) no ha presupuestado ni ha dado instrucciones sobre cómo se va a financiar el mantenimiento de las nuevas instalaciones y al igual que ha ocurrido con las instalaciones adiabáticas previas, la falta de previsión en el mantenimiento supondrá un gasto extra que no entra dentro de la planificación económica".

Así, otra preocupación es que en "aquellos centros que utilicen este dinero para instalar equipos de climatización, si finalmente son incluidos en futuras fases del programa de Bioclimatización, se siga el mismo criterio de retirar los equipos de climatización existentes, desperdiciando el dinero invertido".

El 90% de los docentes andaluces considera ineficaz el sistema de refrigeración adiabático

Un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el pasado junio reveló que el 87,55% de los docentes andaluces consideraba "ineficaz" el sistema de refrigeración adiabática implementado por la Junta de Andalucía para combatir el calor en las aulas. Aunque la administración defiende este modelo por ser sostenible y saludable, los datos indican que solo está presente en el 10,9% de los centros y genera descontento: la mayoría de los encuestados afirma que solo ofrece un "alivio leve", mientras que otros señalan que provoca una "sensación de humedad desagradable o ruido molesto que dificulta el desarrollo normal de la actividad docente".

El informe también alerta sobre graves problemas de mantenimiento y seguridad sanitaria asociados a estos equipos. La falta de presupuesto específico para las revisiones y limpiezas técnicas obligatorias ha llevado a algunos centros a paralizar su uso para evitar riesgos de legionela y problemas respiratorios. El sindicato advierte que estas deficiencias, sumadas a las altas temperaturas, repercuten negativamente en la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa, así como en la calidad del servicio público de enseñanza.

Finalmente, el estudio expone una carencia estructural en la climatización de los colegios andaluces, ya que más del 80% de los docentes reporta que sus centros carecen de sistemas de refrigeración adecuados o zonas de sombra suficientes en los patios para verano. Además, se destaca que la instalación de los pocos sistemas existentes ha dependido en un 50% de la iniciativa de las AMPAs y los Ayuntamientos, y no de la Junta. Ante esta situación, CSIF exige a la administración que replantee su estrategia y realice una inversión urgente en soluciones eficaces y equitativas.

Nueva actuación de oficio del Defensor del Pueblo andaluz

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, junto al Defensor del Pueblo Andaluz, ha mantenido una vigilancia constante sobre las graves deficiencias de climatización en los centros educativos.Tras diversas actuaciones y una resolución emitida en enero de 2024 que instaba al cumplimiento de la Ley de Bioclimatización, la Consejería de Desarrollo Educativo defendió su gestión alegando la implementación de Planes de Infraestructuras y nuevas normativas para construcciones en zonas climáticas severas.

Ante el reciente repunte de quejas por parte de la comunidad educativa y la persistencia de las necesidades, la Defensoría decidió en noviembre iniciar una nueva actuación de oficio para fiscalizar el grado de ejecución real de los compromisos adquiridos por la Administración. Fundamentándose en la protección de derechos constitucionales como la integridad física y la educación de calidad, la institución ha solicitado a la Consejería la emisión de un informe preceptivo y urgente que detalle el estado actual de los planes de climatización y las soluciones inmediatas previstas para los centros que requieren una intervención prioritaria.