El arranque del curso político y parlamentario en Andalucía ha vuelto a situar la lucha contra la violencia machista en el centro del debate institucional. En el trasfondo de una reunión del comité de crisis nacional celebrado en Sevilla, después de que Andalucía acumule el 30% de los asesinatos machistas del país, ha estallado una controversia por el funcionamiento del sistema telemático de seguimiento a agresores y protección de víctimas, gestionado por el Centro Cometa.
Por un lado, un oficio judicial suscrito el pasado 5 de julio por la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, pone de manifiesto la subsistencia de "grandes disfuncionalidades" técnicas que generan desasosiego en los juzgados e "intranquilidad continua" en las mujeres amenazadas. Por otro, el Ministerio de Igualdad ha defendido la solvencia del dispositivo, y ha recordado la puesta en marcha de un nuevo contrato millonario, cuestionando la falta de concreción de las quejas judiciales.
Alertas
Un escrito de Fiscalía del pasado 5 de julio aparecía este miércoles en ABC, advirtiendo de que la Fiscalía de Málaga volvía a incidir en fallos en las pulseras antimaltrato. Sin embargo, mientras PP y Vox vertían severas críticas y reproches tanto al Gobierno central como a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la respuesta oficial no se ha hecho esperar.
El escrito remitido por la Audiencia de Málaga al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detalla anomalías en las medidas de alejamiento. Entre los fallos detectados por las sedes judiciales destacan aglunos errores en la ubicación de investigados y víctimas, falsas alertas geográficas e incluso situaciones estrambóticas en las que un investigado figura geolocalizado en dos puntos distintos al mismo tiempo.
A las deficiencias tecnológicas se suma, según el estamento judicial, una falta estructural de recursos humanos. La magistrada presidenta reclama con urgencia una "ampliación de la plantilla" de técnicos adscritos al Centro Cometa en la provincia de Málaga, la más castigada por esta lacra en la comunidad, al considerar que los efectivos actuales resultan "insuficientes" para monitorizar y colocar los dispositivos decretados por los jueces.
Disparidad de versiones
La respuesta del Ejecutivo central no se ha hecho esperar. Durante su comparecencia en Andalucía, la ministra de Igualdad ha encuadrado el escrito de la Audiencia en una serie de "valoraciones genéricas" y ha asegurado no tener sobre la mesa ningún expediente ni sentencia con casos concretos que pongan nombre y apellidos a los supuestos fallos. "Ninguna mujer protegida con un dispositivo Cometa ha sido asesinada. El sistema salva vidas a diario", ha aseverado este miércoles la ministra Ana Redondo.
Desde la administración central y el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz han señalado la cronología de los escritos. La portavoz parlamentaria, María Márquez, ha enfatizado en sede autonómica que, tras debatirse los problemas del servicio en las comisiones de coordinación de la pasada primavera, el Ministerio adjudicó en mayo el nuevo contrato del sistema Cometa. Redondo, en su comparecencia, ha recordado que esta nueva licitación supuso elevar la dotación de 47 a 112 millones de euros, incorporando refuerzos de plantilla, mejoras en la tecnología GPS y nuevos protocolos de actuación diseñados precisamente a la luz de los informes de la Fiscalía.
Por su parte, la diputada socialista María Márquez rechazó que se instale un clima de alarma social sobre este recurso de protección: "No se puede utilizar este tema para meter miedo. Cuando hay un fallo hay que corregirlo inmediatamente y eso es lo que se ha hecho con el nuevo contrato", ha asegurado ante el "alarmismo" generado. Además, la ministra ha asegurado ante las críticas que su cartera ofertó al CGPJ planes específicos de formación para jueces y fiscales sobre el funcionamiento real de las pulseras, propuesta que fue rechazada por la judicatura al considerar que "no era necesaria".
Violencia de género en Andalucía
Paralelamente, tanto Igualdad como la oposición socialista han desviado la mirada hacia las competencias de la Junta de Andalucía. Ambas responsables mostraron su preocupación por el estado de las Unidades de Valoración Forense Integral en los juzgados andaluces, elementos esenciales del Pacto de Estado financiados con fondos transferidos por el Gobierno central. Las representantes del PSOE advierten de que la gestión autonómica en materia de justicia y protección se ve comprometida tras la cesión de Moreno a la ultraderecha de las mismas, una formación que incluso cuestiona la "violencia machista". Preguntada sobre esta cuestión, la portavoz adjunta de Vox en Andalucía, Paula Badanelli, ha asegurado que su formación lo que reclama es mayores medios de protección para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el endurecimiento de penas, asegurando así que la protección de las mujeres aumentaría.
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