El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, prometió ayer en una visita a Granada trabajar sin descanso para que "los andaluces sepan toda la verdad" del escándalo de los ERE y planteó que se devuelva el "dinero las arcas de la Junta".
Pese a esta petición, formulada muy de pasada y sin entrar en detalles, ni el PP ni el resto de partidos de la oposición han puesto nunca demasiado énfasis en la recuperación de los 855 millones de euros que –según el cálculo de la Fiscalía– habrían sido defraudados por la gestión supuestamente delictiva de la veintena de ex altos cargos que se sientan en el banquillo que se sigue en la Audiencia de Sevilla.
Los beneficiarios
La razón de esas cautelas es que más de 6.000 trabajadores son o han sido los beneficiarios efectivos de las ayudas sociolaborales otorgadas hasta su edad de jubilación por la Junta de Andalucía mediante el procedimiento específico que está siendo juzgado desde diciembre de 2017.
Precisamente una de las paradojas más llamativas del caso de los ERE es el hecho de que la misma justicia que viene cifrando la malversación en cientos de millones de euros no haya hecho nada por recuperar ni reclamar el dinero.
Defensas perplejas
Como se sabe, algunas defensas de los procesados han explicitado en más de una ocasión su perplejidad por el hecho de que tales extrabajadores no hayan sido traídos a la causa en calidad de beneficiarios a título lucrativo, que sería su calificación procesal según el Código Penal.
Y ello a pesar de que el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad en la Comisión de Economía del 4 de octubre de 2012, tres proposiciones no de ley relativas “a la finalización de los compromisos de la Junta de Andalucía en materia de ayudas sociolaborales”, es decir, de las ayudas que la justicia ha sentado en el banquillo. Un decreto aprobado unos días después por Ejecutivo de José Antonio Griñán materializó jurídicamente dicho acuerdo.
Contra Díaz
Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, valoraba la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de mantener la acusación en el caso de los ERE a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en estos términos: "Ha confirmado que estamos ante el mayor caso de corrupción política en España, lo que deja en evidencia a Susana Díaz y al gobierno socialista”, que intentaron que la causa se archivara.
López acusó a Susana Díaz de estar “marcada por la corrupción”, y se preguntó dónde estaban el resto de partidos para defender el dinero de los andaluces: “El PP es el único personado en más de 200 causas de corrupción socialista”.
