El modelo ‘a la madrileña’ de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a los servicios sanitarios y educativos ya se está imitando en otros puntos del país. Y es que Juan Manuel Moreno Bonilla, desde Andalucía, ha aplicado numerosas medidas con guiños y visibles parecidos a las adoptadas en la región de la capital.

Por un lado, el relativo a la sanidad pública, Ayuso se ha encontrado en el centro de las críticas en multitud de ocasiones por las fuertes manifestaciones de los médicos y trabajadores del sector contra su gestión. En paralelo, sobre sus medidas en el ámbito educativo, la presidenta ha protagonizado contados titulares en los que se mencionan sus ‘becas para ricos’ y su priorización de los centros concertados.

Ante este escenario, cabe destacar qué medidas ha promovido el líder del PP en la Junta de Andalucía conforme a sus competencias.

Derivación de pacientes a la sanidad privada

El nuevo proyecto andaluz ha comenzado a derivar pacientes de los servicios de Atención Primaria a hospitales privados habilita jurídicamente que los profesionales de clínicas privadas atiendan a pacientes en hospitales públicos y realicen pruebas concertadas por la Junta. Además, se incluyen, por primera vez, los servicios de médicos y pediatras dentro de los derivados a la sanidad privada.

La puesta en práctica de estos cambios ha despertado las críticas de los sindicatos, que han condenado el “oscurantismo” con el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llevado a cabo, a su juicio, esta “privatización encubierta”.

Es así como se pueden poner de relieve algunas de las iniciativas tomadas por el Ejecutivo de Sol y que se han emulado en San Telmo. Cabe recordar que la dirección de Ayuso contrató empresas sanitarias para atender a pacientes contagiados de covid-19 o con otra patología por más de 35 millones de euros por el colapso de los hospitales.

Otro ejemplo aún más actual es que el Gobierno madrileño otorgó 24,2 millones de euros a tres concesionarios privados de la sanidad madrileña por haber mejorado sus instalaciones entre 2016 y 2021. Los lugares se crearon bajo el gobierno de Esperanza Aguirre amparados en el modelo PFI (Private Finance Initiative), mediante el cual hay participación de empresas privadas en la financiación pública. Cinco de los centros pertenecen ya a fondos de inversión y todos ellos dan buena cuenta de lo que se refieren los sanitarios, ahora en huelga, cuando hablan de “décadas de privatización”.

Uno de cada dos euros destinados a la sanidad pública los absorbe la privada, según un informe de Audita Sanidad. Todo ello se suma a que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sanidad por habitante.

Nuevo método para decidir si los alumnos pasan o no

En paralelo, la iniciativa que se ha tomado en Andalucía se basa en que los alumnos necesitarán que dos de cada tres profesores den su visto bueno para decidir si pasan de curso o, en su contra, repiten.

Esta es uno de los ejes que traza el nuevo texto de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en desarrollo de la Lomloe. Patricia del Pozo, titular de Educación, ha explicado que, en caso de que no se dé un consenso entre los docentes, la situación del alumno se llevará al claustro. Esta medida también fue adoptada por la Comunidad de Madrid.

Otra de las innovaciones que recoge el plan educativo andaluz es el impulso y fomento de la lectura entre los jóvenes para que sea un “instrumento básico de aprendizaje y motor de la mejora de los resultados académicos”, fijando de esta manera hasta dos horas y media obligatorias a la semana.

Volviendo al escenario madrileño, cabe mencionar las criticadas ‘becas para ricos’ que defendió Ayuso en reiteradas ocasiones y que se orientaron para las familias que cobran más de 100.000 euros. Poco después, un estudio del sindicato CCOO Enseñanza desveló que el 45% de los alumnos solicitantes del Grado Medio (8.892 jóvenes de 19.931) se quedaron a las puertas de la estructura educativa pública, mientras que los de Grado Superior ascendió al 61%.

El último anuncio del Ejecutivo de Ayuso a este respecto se ha dado a conocer este jueves: un aumento de hasta un 15% del gasto de funcionamiento y personal no docente para centros concertados, según ha precisado la propia presidenta en el Pleno de Vallecas. Este incremento, tal y como ha confirmado posteriormente la Consejería de Educación, es de 21,7 millones de euros. Es así como la Comunidad destinará un total de 175 millones a los colegios concertados en todo el 2023. Una medida que no encaja con el plan presupuestario inicial, ya que se planeó una subida tan solo de 3,2%, una cifra muy lejana a la que se ha adoptado al final.