Memorialistas acusan al Ayuntamiento de Córdoba de poner en riesgo las exhumaciones por influencia de Vox en la Junta

Uno de los aspectos que mayor preocupación ha suscitado entre las organizaciones memorialistas es la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de aprobar una enmienda que desvincula, por el momento, a la Junta de Andalucía de sus compromisos económicos con el convenio tripartito y deja su futura reincorporación supeditada a que el próximo Ejecutivo andaluz "lo estime conveniente".

La Federación Andaluza de Memoria Democrática considera que el Ayuntamiento, como administración impulsora del acuerdo aprobado en Pleno, es el principal responsable de haber eliminado las garantías que aseguraban la continuidad de los trabajos. A juicio de las asociaciones, esta decisión "hipoteca el futuro de las exhumaciones" y deja sin certezas la segunda fase de las actuaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud.

Los colectivos memorialistas sostienen que el Consistorio ha optado por trasladar al futuro Gobierno andaluz una responsabilidad que debería quedar blindada mediante compromisos institucionales firmes. Advierten de que, si ese Ejecutivo dependiera del apoyo o la participación de Vox, formación que ha defendido reiteradamente la derogación de las leyes de memoria democrática y su sustitución por una denominada "Ley de Concordia", la continuidad de las exhumaciones, las pruebas de ADN y los procesos de identificación podrían verse seriamente comprometidos.

Para la Federación, el Ayuntamiento de Córdoba gobernado por el Partido Popular, no puede eludir su responsabilidad política e institucional en la protección del derecho de las familias a recuperar e identificar a las víctimas del franquismo. "La memoria democrática no puede quedar condicionada por los cambios de gobierno ni por acuerdos parlamentarios coyunturales", sostienen las asociaciones, que reclaman al Consistorio que garantice, con plazos concretos y financiación suficiente, la continuidad de los trabajos hasta su completa finalización.

En los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud se ha desarrollado, hasta ahora, uno de los mayores proyectos de exhumación de víctimas del franquismo de España. Los trabajos han permitido avanzar de forma muy significativa en la recuperación de restos, aunque todavía queda una segunda fase pendiente para completar las actuaciones e identificar a muchas de las víctimas.

Es precisamente sobre la no continuidad de estos trabajos en su segunda fase, la que advierte la Federación Andaluza de Memoria Democrática que corre peligro con la decisión adoptada por el pleno del Consistorio cordobés. Una amenaza que los memorialistas temen que se deba a la influencia que la extrema derecha de Vox instalada en la Junta de Andalucía con una poderosa vicepresidencia, esté ejerciendo ya en los ayuntamientos, que como el de Córdoba, están gobernados por el Partido Popular.