Enrique Arnaldo va ser designado mañana miembro del Tribunal Constitucional para los próximos nueve años porque, habiendo hecho la política mal su trabajo, la sociedad civil no ha sido capaz de hacer el suyo y reparar así la negligencia institucional de los partidos.

La escandalosa falta de idoneidad de Arnaldo para el cargo devalúa la institucionalidad del Estado en general, así como la de los partidos, el Congreso y el TC en particular. Y lo hace hasta extremos que son difíciles de digerir en el presente y pueden convertirse en un maligno tumor en el futuro.

Siempre que la política hace mal su trabajo el beneficiario directo es la antipolítica, que en España es Vox y que, como la Falange de antaño y en contra de lo que proclama, es el más político de todos los partidos políticos. Ciertamente, las izquierdas tienen sus razones para ungir con su voto favorable a un bellaco, siendo la principal de ellas que la designación de Arnaldo es la opción menos mala. Se trata de una razón puramente instrumental, como lo es siempre la razón de Estado, para la cual lo inexcusable es defender la patria, ya sea con ignominia, como en este caso, ya con gloria, como sucede en otras, aunque pocas, ocasiones.

Es difícil saber por qué Génova ha decidido sentar a un tipo como Arnaldo en la más alta magistratura del Estado, teniendo como tiene sobradamente el PP juristas de probada pericia, honradez y templanza para ocupar tal destino. La incívica elección de Pablo Casado y el reprobable consentimiento de Pedro Sánchez son, en todo caso, condiciones necesarias pero no suficientes para que tal nombramiento haya sido posible.

Para complementar la necesaria, la condición suficiente para que se vaya a producirse esta tropelía es que los medios de comunicación conservadores no han hecho bien su trabajo de árbitros mínimamente ecuánimes de la contienda política. Si, como era su deber, le hubieran sacado desde el primer momento tarjeta roja a Arnaldo, como se la han sacado los medios de la izquierda, el pícaro letrado no sería mañana miembro del Constitucional. Dicho a la inversa: si el Partido Socialista o Unidas Podemos hubieran propuesto un candidato con el bochornoso historial de alguien cuya conducta ha bordeado cuando no incurrido en el delito, los medios de la izquierda no lo habrían permitido.

Las democracias funcionan bien si cuentan no con buenas personas sino con buenas instituciones. Aunque mucho más el PP que los demás, aquí ha fallado esa institución imprescindible que son los partidos, pero también ha fallado esa otra institución no menos crucial en un régimen de opinión pública que son los medios de comunicación; en este caso, han fallado los medios alineados con posiciones en mayor o menor grado conservadoras.

A un miembro del Tribunal Constitucional ha de exigírsele capacidad profesional, ejemplaridad personal y también, por suerte o por desgracia, cierta sintonía política con el partido que lo propone. El caso de Arnaldo cumple el primer y el tercer requisito pero no el segundo.

Recuerda su caso a aquella escena de la película ‘Muerte entre las flores’ en que el alcalde de Chicago se ve obligado a colocar en el Ayuntamiento a dos paletos recién llegados de la Sicilia profunda y primos del mafioso que tiene en nómina al político; aunque finalmente se pliega a los deseos del hampón, el alcalde le pide por Dios que no se lo ponga tan difícil y sugiere que aquellos a quienes va a enchufar como funcionarios “al menos sepan inglés”. Lo mismo cabe decir de los candidatos al Constitucional: que al menos sean decentes.