"En cumplimiento del código ético" del PSOE y después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA haya señalado el juicio contra él para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2017, el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte y parlamentario del PSOE Luciano Alonso presentará su dimisión tras el último pleno del año, fijado para los próximos 21 y 22.

El histórico dirigente malagueño, para quien la Fiscalía Superior de Andalucía solicita 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, se sentará en el banquillo por presunta prevaricación administrativa en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.

'Un duro trance vital'

En un comunicado hecho público esta tarde, Alonso afirma que, "en este duro trance vital, en el que la asunción y cumplimiento de esa exigencia ética" le lleva a “cesar en el ejercicio del noble oficio de la Política con mayúsculas, entendida como servicio al ciudadano", ve "necesario" recordar que el juicio "versará únicamente sobre si pudo aplicarse indebidamente un precepto legal que permite reasignar funciones de los empleados públicos en función de la mejor y más eficiente organización del departamento".

También subraya el exconsejero, intentando sobreponerse “al dolor y el desánimo” de este momento, que la investigación se inició por la Fiscalía "por noticias de prensa", una práctica "desaprobada" por doctrina consolidada del Tribunal Supremo, y agrega que, "como ya es conocido, fue descartada judicialmente la inicial acusación del fiscal por un delito de malversación de fondos públicos, por lo que en este caso ni se trata propiamente de un juicio por corrupción, ni cabe hablar de 'empleados fantasmas', ni ha habido beneficio o lucro por parte de nadie".

No era exigible la idoenidad

Alonso argumenta igualmente que “ha sido ya también establecido judicialmente que todos los nombrados, como empleados eventuales o de confianza, respecto de los que no es exigible la idoneidad, desempeñaron con acierto y dedicación las funciones de interés público que les fueron encomendadas".

Tras reiterar que siempre actuó “convencido de la plena legalidad de los nombramientos”, dice mantener íntegra su “confianza en la Justicia asentada en la alta cualificación de los magistrados, garantes de nuestros derechos y de nuestro sistema de convivencia, ante quienes compareceré para aclarar y poner fin a esta primera y única incidencia judicial en mi larga trayectoria política".

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ya afirmó que si se abría juicio oral contra Luciano Alonso se le aplicaría el código ético del partido, aunque también destacó que siempre hay que tener en cuenta el principio de presunción de inocencia.

La acusación de la Fiscalía

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, tras ser nombrado consejero, el acusado habría "utilizado las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual”, y todo ello "a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno".

Sobre el nombramiento de Guerrero, el fiscal relata que, "tal y como desde un primer momento acordaron el acusado y Luis Guerrero, durante todo el tiempo en que éste último ocupó el puesto de director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco no desempeñó ninguna de las funciones" que eran inherentes al cargo. A ello se suma que, "durante los casi tres años que Luis Guerrero percibió el sueldo presupuestariamente asignado al puesto, continuó residiendo en la ciudad de Málaga y ni siquiera visitó la sede oficial" del CAF "que debía dirigir", ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuyos trabajadores "incluso desconocían que contaban con un director".

En relación al nombramiento de Alejandro J. Cárdenas como director del Centro Andaluz de la Imagen o Filmoteca de Andalucía, el Ministerio Público afirma que, a raíz del cese de Mar Moreno como consejera de Educación el 9 de septiembre de 2013, se produjo también el de todos los miembros de su gabinete, entre los que se encontraba el propio Alejandro J. Cárdenas, "hijo de Carmen Peñalver, íntima amiga de la consejera y miembro destacado del PSOE de Jaén, del que fue secretaria general provincial, además de alcaldesa de Jaén y delegada de Asuntos Sociales de la Junta en esa provincia".

Al hilo de ello, el fiscal añade que, al perder su anterior empleo, el acusado decidió nombrar a Alejandro J. Cárdenas, que en ese momento contaba con 24 años y acababa de licenciarse en Derecho, director del Centro Andaluz de la Imagen "a sabiendas de que no iba a desempeñar ninguna de las funciones a éste encomendadas".