El partido ultraderechista Vox exhibe cada vez con menos disimulo en Andalucía los aspectos más descarnados y obsesivos de su programa político.

En un tono de apariencia juiciosa que podría inducir a engaño, su portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, clarificaba ayer a quiénes se refería exactamente el acuerdo presupuestario de Vox con PP y Ciudadanos cuando aludía vagamente a “grupos de beneficiarios y agentes que, sin aportar de manera objetiva y transparente un valor añadido real, persigan solamente su continuidad para poder seguir manteniendo el soporte financiero de sus actividades".

Hernández aclaró en rueda de prensa que ha llegado la hora de replantearse la concesión de subvenciones tanto a asociaciones comprometidas en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI –lesbianas, gais, transexuales y bisexuales– como a sindicatos, dado que practican una “política sectaria, frentista y sin utilidad social”, como se habría demostrado en la cabalgata del Orgullo Gay en Madrid al “agredir a representantes públicos”.

Sofismas Hernández

"Pese a lo que digan nuestros enemigos políticos –puntualizó Hernández con habilidad sofística–, nosotros no buscamos la merma ni el recorte de derechos, ni queremos que se discrimine a nadie por su orientación sexual, pero no vemos oportuno que se subvencione a asociaciones cuyos objetivos no son la defensa de esos derechos o de determinados proyectos que tengan una utilidad social".

El portavoz ultra había sido todavía más explícito en un artículo titulado ‘El ruido y la furia’ y publicado esta semana en el digital eldebate.es, donde explicaba que los acuerdos presupuestarios suscritos con PP y Cs “comprometen a ambos partidos de gobierno en una serie de reformas que en el 2020 van a suponer una importantísima liberación de recursos hasta hora fosilizados mediante la eliminación de subvenciones a una extensa red clientelar y de adoctrinamiento radical y socialmente frentista e improductivo”.

Reflexionaba en ese mismo artículo Hernández sobre la necesidad de hacer “un mayor esfuerzo didáctico” para hacer comprender a la sociedad el compromiso de Vox para lograr “el profundo e inaplazable cambio cultural que demanda nuestra gran nación”.

Obviedades Nieto

A medida que Vox es más explícito, sus socios del PP y Cs tienen más dificultades para no verse contaminados por la pestilencia ideológica del partido ultra. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, intentaba ayer disipar temores suscitados por Hernández en las asociaciones a favor de los derechos de las personas LGTBI: “Pueden estar tranquilas”.

Nieto pagaba, sin embargo, el preceptivo peaje a Vox al añadir con astucia la obviedad administrativa de que los beneficiarios "tendrán que justificar el uso que hacen de los recursos públicos que reciben", algo que obviamente ya sucede en la andaluza y en todas las administraciones públicas, cuyas subvenciones están fiscalizadas por la Intervención.

Apuros Ruiz

Pero quien, de todo el Gobierno andaluz, quizá esté pasando mayores apuros ante la ofensiva de Vox sea la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), cuyo compromiso personal y político con los derechos del colectivo LGTBI es bien conocido. Días atrás, Ruiz recordaba incluso que es madre de un chico homosexual que “tuvo que salir del instituto por sufrir violencia y acoso y al que le partieron la boca diciéndole maricón de mierda".

Cuando llegue el momento de dar forma a la Ley de Presupuestos de 2020 que deberá incluir esa “importantísima liberación de recursos hasta ahora fosilizados”, a Ruiz no le será fácil cohonestar sus genuinas convicciones igualitaristas con las retrógradas posiciones de un socio parlamentario de cuyos representantes han salido en el pasado expresiones como “si mi hijo me dijera que es gay, trataría de ayudarle con terapias” o "¿por qué los gais celebran San Valentín si lo suyo no es amor, sino vicio?".

Aclaraciones Antinoo

Al hilo del órdago lanzado por Vox y al igual que otros colectivos, la asociación Adriano Antinoo recordaba lo que debiera haber recordado el propio Gobierno andaluz:  que “las subvenciones públicas a entidades sociales es el desarrollo legal de un mandato constitucional", recogido en el artículo 9.2 de la Carta Magna, y que el cuestionamiento de las subvenciones a entidades LGTBI responde a una ideología ultraconservadora que pretende cercenar los derechos de millones de ciudadanos y en absoluto a un problema real y objetivo en su gestión".

También subrayaba la asociación otra obviedad a menudo olvidada: que "no existen en Andalucía subvenciones para asociaciones LGTBI", sino que se subvencionan "programas dirigidos a cualquier organización" que promueva la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, tal como recoge la ley andaluza aprobada por unanimidad por todos los partidos en 2017.