¿Noticia bomba o sensacionalismo basado en hechos reales? Puede que bastante más de lo segundo que de lo primero, aunque el hecho de estar en plena campaña electoral propicia que determinadas informaciones sean interpretadas de inmediato por los adversarios políticos como noticias bomba, lo sean o no.

El digital OKDiario, que dirige el controvertido periodista Eduardo Inda, amanecía este martes con el siguiente titular: “Juan Marín tiene un chalé con piscina en Chipiona en suelo no urbanizable de uso agrario”. ¿Y qué? Pues más bien nada. De hecho, ya en el cuerpo de la información se admite, citando declaraciones del propio vicepresidente de la Junta, que Marín regularizó la situación de la vivienda acogiéndose al decreto aprobado por la Junta en 2012.

Pese a su aparatoso titular, también explicaba fielmente la información que “la figura jurídica a la que se acogió Marín se denomina AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) y sólo pueden solicitarla aquellas viviendas que cumplan dos requisitos: que hayan sido construidas sin licencia y en las que haya prescrito el delito urbanístico. En el caso de Andalucía, la infracción prescribe a los cuatro años. Marín cumple ambos requisitos”.

Pecados y pecadores

¿Entonces? Entonces nada, aunque el PSOE en solitario se apresuraba este mismo martes a anunciar que pedirá la comparecencia de Marín en el Parlamento para que dé explicaciones del caso. El encargado de trasladar a los medios la petición socialista fue el exconsejero de Medio Ambiente José Fiscal, que, no obstante, se mostró prudente en sus reproches explícitos al vicepresidente.

Sí recordó, y no sin razón, Fiscal que “por cuestiones infinitamente menores” en el pasado cargos socialistas habían sido perseguidos política y mediáticamente sin piedad. En esto Marín ha tenido más suerte: la ‘noticia bomba’ de OKDiario no ha tenido prácticamente seguimiento alguno en otros medios que, de haber sido el señalado un socialista, tal vez sí se hubieran hecho amplio eco de ella.

El “chalé” se llama ‘Los cuñaos’, tiene 69 metros cuadrados, está en una parcela de 5.500 y cuenta con una piscina de 34. Además de Marín y su esposa, son copropietarios del mismo su cuñada y el marido de esta, Manuel Luzón, dirigente de Ciudadanos y asesor de la macroconsejería de Marín.

Un compromiso compartido

El compromiso de la Junta de Andalucía de regularizar las miles de viviendas alegales –e ilegales en muchos casos– viene de lejos, pero su materialización progresiva nunca se ha hecho efectiva al cien por cien por muchos motivos: lo enrevesado de la situación jurídica de muchas viviendas; lo caro que resulta legalizar o rehacer lo ya construido; la resistencia de los ayuntamientos y su connivencia durante años al consentir construcciones irregulares y cobrar elevadas multas por ellas; y, finalmente, porque el volumen de viviendas construidas fuera de ordenamiento es de tal magnitud que una aplicación demasiado estricta de la ley arruinaría a miles de familias.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba el pasado 11 de marzo que la Consejería de Fomento está preparando una nueva modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para "regularizar y sacar del limbo" las miles de viviendas alegales adquiridas de “buena fe” por familias que merecen “una segunda oportunidad”. En esta legislatura, prometió, “la mayoría de las viviendas alegales encontrarán acomodo en la ley”.

La terminología del presidente es prácticamente la misma que utilizaba su antecesora Susana Díaz en septiembre de 2014, cuando anunció que propondría al Parlamento una nueva modificación normativa en la misma línea de la prometida hace un mes por Juanma Moreno: regularizar las viviendas para "sacarlas del limbo jurídico y dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias a las que la Administración no puede dar la espalda”.

Otras regularizaciones

Al igual que hizo en el pasado la administración socialista con las viviendas aisladas, el plan de la consejería que dirige Marifrán Carazo es hacer lo mismo con las viviendas enclavadas en urbanizaciones, facilitando el acceso de los propietarios al estatus de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), lo que les permitirá el acceso al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos.

El Gobierno andaluz ya hizo en 2012 una primera modificación de la LOUA, vigente desde el año 2002, en la que delimitaba los criterios para determinar qué viviendas irregulares eran susceptibles de legalización y cuáles no.

No obstante, esa reforma con la que se pretendía regularizar unas 40.000 viviendas en toda Andalucía, tuvo menos impacto del esperado, en parte por los equilibrismos jurídicos a que se veía compelido el propio Gobierno andaluz –se legalizaban determinadas construcciones pero no así las parcelaciones que las habían hecho posibles– tal vez para no desautorizarse a sí mismo ni a los ayuntamientos –de todos los colores políticos– que habían permitido tal desbarajuste urbanístico.

Escaso celo

Habría una nueva modificación legislativa que entraría en vigor en 2015, entre cuyos beneficiarios figuraban de modo destacado turistas ingleses o alemanes que habían adquirido, en principio de buena fe, viviendas residenciales en la Axarquía malagueña o en la costa de Almería.

¿Dónde estaba la Administración autonómica o los ayuntamientos cuando los promotores de todas esas viviendas o urbanizaciones construían fuera de planeamiento para luego vender a familias nacionales o extranjeras que seguramente daban por hecho que la vivienda adquirida era perfectamente legal? Es bastante verosímil que responsables regionales y municipales estuvieran entonces más pendientes del empleo que creaba y de los impuestos que generaba esa fiebre del ladrillo que de vigilar el cumplimiento de su propia legislación.