Un noticiario del NODO lo contaría más o menos así:
“Andalucía sale en auxilio de los hijos de la diáspora que están en grave peligro de perder sus raíces genuinamente andaluzas porque allá donde residen el Gobierno de turno los ha sumergido contra su voluntad en procesos de inmersión lingüística que cercenan su identidad”.
La web oficial de la Junta de Andalucía lo cuenta así:
“La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior va a incluir una línea de subvenciones para actividades y programas destinados a evitar un abandono paulatino de las raíces culturales entre los descendientes de andaluces en el exterior afectados por procesos de inmersión lingüística”.
Según el acuerdo de ayer del Consejo de Gobierno, “la Consejería iniciará las actuaciones necesarias para modificar durante este ejercicio las bases reguladoras de las subvenciones a comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, orientación a la población andaluza en el exterior y mantenimiento de dichas entidades”.
100.000 euros para empezar
El encargado de dar a conocer la iniciativa gubernamental, que tiene su origen en la presión política de Vox pero con la que el PP parece sentirse cómodo, fue el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que explicó así el por qué de la medida: “Para que ningún andaluz -dijo en rueda de prensa- pueda verse afectado por el hecho de que el Gobierno que sea haya decidido llevar a cabo una inmersión lingüística y por lo tanto se encuentre en peligro de perder sus raíces”.
Aunque el consejero y portavoz rehuyó contestar a la pregunta de cuánto dinero se destinará a ‘salvar’ andaluces de la inmersión, en los acuerdos suscritos con Vox el partido de extrema derecha exigió incluir una partida de 100.000 euros en los Presupuestos de 2020.
Verde y con asas
La idea es subvencionar a las comunidades andaluzas asentadas en “zonas con problemas de inmersión lingüística”. El Ejecutivo de PP y Ciudadanos cuya estabilidad depende de Vox no cita expresamente a Cataluña, pero es obvio que la medida va dirigida principalmente a las cerca de 600.000 personas nacidas en Andalucía que viven en Cataluña.
La información oficial de la Junta especifica que “en los últimos años, la Administración andaluza se ha encontrado con un nuevo reto ante la obligada inmersión de toda la población residente en determinados territorios de acogida, lo que podría acarrear una pérdida paulatina del acervo cultural y lingüístico de los andaluces que viven en estos territorios y, especialmente, de sus descendientes”.
Por ello, “el Consejo de Gobierno considera necesario dar cumplimiento a la citada Ley 8/2006, que recoge entre sus objetivos potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con los territorios donde existan comunidades andaluzas, desde la conciencia de la identidad de origen y la protección de los valores culturales andaluces”.
El modelo
Como se sabe, en Cataluña el modelo de inmersión lingüística obliga a los centros públicos y concertados a usar el catalán como lengua vehicular de enseñanza. Pactado por todos los partidos en los años 80, el modelo escolar empezó a ser objeto de los ataques sistemáticos de la derecha a raíz de iniciarse la negociación del nuevo Estatut, aprobado finalmente en 2010 y recurrido por el PP ante el Constitucional.
La deriva independentista de la Generalitat durante los últimos años ha puesto un potente altavoz a las discrepancias lingüísticas, abanderadas por PP y Ciudadanos y acentuadas por la renuencia de las autoridades educativas catalanas a acatar las sentencias de los tribunales que matizaban la aplicación del modelo para salvaguardar el derecho de los padres que reclaman que la lengua vehicular en la escuela de sus hijos sea el castellano y no el catalán.
La beca Wert
El Tribunal Constitucional anuló en febrero de 2018 la ayuda de 6.000 euros instaurada por el ministro de Educación del PP José Ignacio Wert en el curso 2014-2015, para las familias catalanas que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano. Desde su implantación, los centros catalanes recibieron en los cuatro años de vigencia de la medida apenas medio centenar de peticiones.
No obstante esa anulación, el TC dictaminó en su sentencia que "el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma".
