La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha informado a favor de la continuación en este órgano de la investigación que inició la Audiencia Nacional contra la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP) por una presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama 'Gürtel' para la participación del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del año 2004.
El asunto fue remitido a mediados del pasado mes de junio al alto tribunal por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, dada la condición de aforada de García Pelayo. Tras el informe del Ministerio Público la apertura de la causa depende ahora de lo que dictamine la Sala Segunda del Supremo en una resolución cuyo ponente será el magistrado Luciano Varela, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
UN ANÓNIMO PROVIDENCIAL
La rama jerezana del caso Gürtel
se reactivó en diciembre de 2014 a raíz de llegar hasta el despacho del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –al que luego sustituyó De la Mata– un anónimo en soportel de papel y digital con
cuantiosa información sobre María José García Pelayo. El juez no dudó en incorporar este sustancioso anónimo a la pieza separada que había abierto en marzo de 2014 sobre la trama Gürtel y las contrataciones que en 2004 se sucedieron en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
El propio Pablo Ruz dictaba entonces una providencia en la que ordenaba dar traslado del contenido de estos dos anónimos, que llegaron a su juzgado "en sobre cerrado" el 15 de diciembre a través del Grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que desde hacía ya un año investigaba la proliferación de la trama Gürtel en Andalucía. Además, y como novedad, Ruz también le mandaba una copia de este anónimo a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
EL DELITO NO HA PRESCRITO
En su informe, el fiscal del Supremo considera que
el delito de prevaricación presuntamente atribuido a la alcaldesa y a otras personas no ha prescrito porque su comisión no concluyó en el momento de la adjudicación de un stand para FITUR a las empresas de Gürtel por 355.000 euros, sino que lo hay que tener en cuenta son las fechas de los distintos pagos efectuados posteriormente por el consistorio.
En la exposición motivada que remitió al Supremo, el juez De la Mata señalaba que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su consejo rector.
Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos
"se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".
UNA ADJUDICACIÓN BAJO SOSPECHA
En concreto, el juez investiga la adjudicación del 'stand' del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.
De acordarse la apertura en el Supremo de esta pieza del 'caso Gürtel' también serán investigados en este órgano a los
otros siete imputados en la misma, a los que se atribuye igualmente un delito continuado de prevaricación.
Se trata de los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela.
REACCIÓN DE MORENO BONILLA
El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la senadora y exalcaldesa siempre ha mostrado el "máximo interés" en declarar ante las autoridades judiciales y, de hecho, lo ha pedido en numerosas ocasiones.
El dirigente popular ha indicado que García Pelayo ha expresado en varias ocasiones que voluntariamente quiere declarar "para aclarar cuanto antes esta posible citación".
Ha señalado que en el PP-A siempre están dispuestos a colaborar con la justicia al máximo, y ha indicado que, en este caso, estamos "hablando de causa de origen administrativo que tendrá que solventarse lo antes posible".
