Desde su toma de posesión hace ya casi dos años, Susana Díaz se ha visto obligada a gestionar importantes ‘marrones’, pero todos ellos del pasado. Los ERE y la formación son la parte más controvertida y potencialmente explosiva de la herencia recibida de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los ERE han cogido a la presidenta más de refilón, cuando prácticamente todo el pescado penal y político estaba vendido, pero no puede decirse lo mismo del fraude de la formación, donde el Gobierno de Díaz, azuzado por sus socios de Izquierda Unida, ha tenido que emplearse a fondo con exhaustivas investigaciones internas y prolijas explicaciones externas. En cambio, la adjudicación de la mina de Aznalcóllar no es herencia sino patrimonio propio: toda ella es responsabilidad política de Susana Díaz, que además se implicó personalmente en el impulso político a un proyecto que es crucial para la comarca sevillana donde se ubica la explotación, pero que estuvo desde el principio envuelto en sospechas de los grupos ecologistas, no tanto referidas al proyecto mismo como al sector de la minería por los incontestables riesgos medioambientales que suele conllevar. En todo caso, la tenaz estrategia de Díaz de recuperar el buen nombre de la minería andaluza tras el desastre de Aznalcóllar ha recibido un durísimo golpe con el auto judicial conocido ayer. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UNA LLAMADA PERSONAL[/cita] Hasta tal punto llegó la implicación de la presidenta que, ante la intención inicial del Gobierno central de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Junta por invasión de competencias al abrir el proceso de adjudicación de Aznalcóllar, ella misma llamó a Mariano Rajoy para desbloquear el contencioso y el presidente estuvo de acuerdo. En términos políticos, Díaz ha reaccionado con celeridad al auto judicial, pues aunque está fechado el 7 de mayo la propia Junta de Andalucía tuvo conocimiento de él ayer mismo, por la información publicada en el diario El Mundo. De hecho, personal de la Consejería de Innovación se movilizaba desde primera hora de la mañana para conseguir el documento por cauces no oficiales. Aun con los riesgos administrativos que ello pueda entrañar, la suspensión de la adjudicación anunciada por la presidenta es una buena decisión. La mejor dentro de lo malo. Aun así, ese paralización es una condición necesaria pero no suficiente para que Díaz salga ilesa del fuego cruzado que le espera durante toda la campaña. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LA CONSPIRACIÓN DE LOS 13[/cita] En principio, no hay por qué dudar ni de la cualificación profesional de la juez ni de la pericia de los agentes de la Guardia Civil que han hecho el atestado a raíz de la querella empresarial. Pero, al mismo tiempo, es difícil dudar de la honorabilidad de unos funcionarios de carrera sin cuya complicidad sería imposible amañar el concurso, que es la acusación de fondo que contiene el auto judicial. Tan difícil como dudar de los responsables políticos directos del proceso, que ayer comparecieron en rueda de prensa y dieron muchas y en general bastante convincentes explicaciones. Entre la comisión técnica de baremación y la mesa de contratación participaron 13 personas, entre cargos políticos y funcionarios. Aunque no sea imposible, no parece verosímil una conspiración de 13. De esas 13 personas, la mesa técnica que puntuó a las dos empresas concursantes la formaban cuatro funcionarios altamente cualificados que, de confirmarse las sospechas del auto judicial, necesariamente habrían emitido un dictamen fraudulento. Ahí es, por cierto, donde los partidos están haciendo trampa al enjuiciar políticamente el caso, ya que no es posible arrojar sospechas sobre los altos cargos de la Junta sin arrojarlas al mismo tiempo sobre los funcionarios. Es decir, sí es posible, porque en política todo es posible, pero es fraudulento. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LA TENAZA DE LA SOSPECHA[/cita] De nuevo, la Junta de Andalucía se ve atrapada en la tenaza de la sospecha. El auto de la juez es muy concluyente y da toda la credibilidad a los argumentos de la empresa denunciante y perdedora en el concurso. ¿Hubo conspiración o hubo chapuza en la adjudicación? ¿O –más improbablemente pero no imposible– en realidad no hubo nada y la juez y la policía se han precipitado en sus conclusiones, de tal forma que la chapuza no sería política o administrativa, sino policial y judicial? Desde luego, si la conspiración para delinquir no es verosímil, la hipótesis de una jueza haciendo acusaciones temerarias en un auto es más inverosímil todavía. Y cerraría el círculo de las paradojas increíbles la propia posibilidad de que la Junta de Andalucía pretendiera amañar un concurso internacional al que 1) concurren empresas multinacionales que cuentan con avezadísimos abogados, 2) en el que estaban puestos mil ojos de todas las formas, colores y procedencias y 3) que la Junta retransmitió por ‘streaming’. Como delincuentes, no pueden ser tan buenos. Sea como fuere, la oposición, como no podía ser menos y sobre todo en campaña, ya ha dictado su sentencia.   Últimas noticias: