Tal y como ha informado la cadena SER y ha podido saber elplural.com, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido archivar la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), contra la secretaria general del PSOE de la ciudad y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por un presunto delito de calumnias. La sala penal del alto tribunal andaluz ha inadmitido a trámite la denuncia, lo que implica el archivo de la causa judicial.
Según el auto judicial, las manifestaciones realizadas por Arrabal en ruedas de prensa y comparecencias públicas no pueden considerarse calumniosas en el ámbito penal. Así, los magistrados entienden que sus declaraciones se produjeron en el marco de un debate político y tras la aparición de informaciones y documentos difundidos previamente en medios de comunicación y redes sociales.
El tribunal ha recordado además que en el ámbito del debate político la jurisprudencia reconoce un margen más amplio para el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas dirigidas a cargos públicos o responsables institucionales.
El origen del conflicto político
El enfrentamiento judicial entre ambos dirigentes tiene su origen en una serie de declaraciones realizadas por Rocío Arrabal en las que aludía a supuestas conductas inapropiadas atribuidas al alcalde algecireño y pedía su dimisión. Ante esas declaraciones, Landaluce decidió presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias graves, argumentando que las acusaciones difundidas dañaban su honor y su trayectoria pública.
El regidor popular sostenía que las afirmaciones se basaban en informaciones falsas o no contrastadas y que habían traspasado los límites del debate político para convertirse en un ataque personal continuado. En su denuncia también defendía que las acusaciones habían tenido consecuencias en su vida personal, familiar e institucional.
Antes de acudir a los tribunales, el alcalde había intentado celebrar un acto de conciliación con Arrabal para obtener una rectificación pública, pero el encuentro no llegó a producirse. Finalmente, decidió interponer la querella ante el TSJA debido a la condición de aforada de la dirigente socialista como diputada autonómica.
El TSJA no entra a valorar los hechos
En su resolución, el TSJA ha subrayado que su decisión no implica pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de las acusaciones formuladas contra el alcalde. El tribunal aclara que su análisis se limita a determinar si las declaraciones realizadas por Arrabal pueden constituir un delito de calumnias en el ámbito penal.
Tras examinar el caso, los magistrados han concluido que las afirmaciones se realizaron en un contexto político y mediático en el que ya existían informaciones previas y documentos exhibidos públicamente por la propia dirigente socialista. Por este motivo, han considerado que no pueden calificarse como “meras invenciones”, requisito necesario para que prospere un delito de calumnias. En consecuencia, la sala ha acordado la inadmisión de la querella y el archivo del procedimiento.
Landaluce anuncia recurso
Tras conocer la decisión del tribunal, el alcalde de Algeciras ha anunciado que su defensa presentará un recurso de súplica ante el propio TSJA para intentar revertir el archivo de la causa. En un comunicado, Landaluce ha señalado que su equipo jurídico estudiará el auto judicial y continuará defendiendo su derecho al honor y a la reputación frente a lo que considera acusaciones infundadas. De esta forma, el recurso deberá presentarse en un plazo de tres días ante la misma sala que ha dictado la resolución.
La decisión judicial llega después de meses de enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Algeciras entre el equipo de gobierno del Partido Popular y el grupo socialista. Con el archivo de la querella contra Rocío Arrabal, el TSJA vuelve a intervenir en una disputa que refleja la elevada tensión política en el municipio. Mientras el alcalde del PP insiste en defender su honor en los tribunales, desde el entorno socialista se interpreta la resolución como un respaldo al derecho de la oposición a ejercer la crítica política.
