La Junta de Andalucía ha incorporado a su discurso oficial sobre la gestión de la pandemia un nuevo reproche al Gobierno de España: hubiera querido decretar el confinamiento domiciliario en Granada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se lo ha permitido.
Es lo que dijeron ayer los consejeros Elías Bendodo y Jesús Aguirre y el vicepresidente Juan Marín. Este último declaró en la cadena televisiva Cuatro:
“Granada, con las circunstancias que tiene, debería estar en confinamiento domiciliario, pero el ministro de Sanidad ha dicho claramente que no va a haber confinamiento domiciliario, a pesar de las circunstancias tan terribles; si por nosotros fuera, Granada tendría ya activado un confinamiento domiciliario, pero no tenemos esa herramienta del confinamiento porque el Gobierno de España no la puso con el decreto para que las comunidades autónomas pudieran adoptar esas decisiones”.
Los dardos del Gobierno andaluz al central contrastan con su propia parsimonia a la hora de tomar medidas drásticas en Granada, donde ha tardado semanas en decretar la clausura de toda actividad económica no esencial, pese a que al menos desde mediados de octubre la situación epidemiológica era alarmante.
Baste recordar que hace dos semanas los datos de contagio se habían disparado pero la Junta se limitó a ordenar el cierre perimetral de la capital y su área metropolitana, que ya entonces tenían una incidencia de contagios de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Con anterioridad, el 14 de octubre, la Junta había decidido suspender la actividad académica presencial en la Universidad de Granada, tras detectarse contagios entre los estudiantes, pero había mantenido abiertos los bares y restaurantes que ahora ha clausurado. La medida indignó a la rectora, Pilar Aranda, pero satisfizo a los hosteleros: “Los restaurantes y los bares no van a ser siempre el problema de la pandemia", dijo el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García.
La atribución por el Gobierno a las CCAA la competencia del confinamiento domiciliario ha sido objeto de controversia entre los juristas. Ya en marzo, expertos constitucionalistas debatían si para el confinamiento domiciliario se necesitaba el estado de alarma o el de excepción.
Según recogía un informe de RTVE, “ahora manifiestan su asombro porque el debate descienda a si un presidente de una autonomía está habilitado para limitar un derecho fundamental”.
El actual estado de alarma no contempla en ninguno de sus artículos una restricción al respecto y los expertos consultados por RTVE.es discrepaban sobre si había cobertura jurídica para que un presidente autonómico decretase confinamiento domiciliario.
“No es posible porque afecta a derechos fundamentales”, opinaba Mercedes Fuertes, catedrática de la Universidad de León, que ya en el confinamiento de primavera reclamaba incluso un estado de excepción.
“A mi juicio, si se fijan los criterios para que sea la autoridad autonómica la que dicte el confinamiento, puede hacerse”, decía en cambio Agustín Ruiz Robledo, constitucionalista de la Universidad de Granada.
