La precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo suma un nuevo episodio de tensión política tras la sanción impuesta por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Huércal-Overa (Almería) al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El órgano electoral ha acordado multarlo con 300 euros por vulnerar el deber de neutralidad de los poderes públicos durante una visita institucional al Hospital de La Inmaculada el pasado 13 de abril.
La resolución considera que Sanz, también candidato del Partido Popular al Parlamento andaluz por Cádiz, realizó declaraciones que “ensalzaban la labor del PP en materia de sanidad”, lo que supone una infracción del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe expresamente este tipo de actuaciones en periodo electoral.
Además de la sanción económica, la JEZ requiere al consejero que “cese de forma inmediata” en este tipo de conductas y le insta a retirar cualquier publicación relacionada con dicha visita difundida en redes sociales u otros soportes.
Uso institucional con fines partidistas
La decisión de la Junta Electoral responde a una denuncia interpuesta por el PSOE, que alertó de que el consejero había aprovechado un acto institucional, en este caso la presentación del nuevo gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, para destacar logros del Gobierno andaluz y anunciar futuras actuaciones en materia sanitaria.
Según recoge la resolución, “no hay lugar a dudas” de que tanto sus declaraciones ante los medios como su posterior publicación en la red social X estaban orientadas a poner en valor la gestión del Partido Popular, algo “radicalmente prohibido” durante el periodo electoral.
Asimismo, el órgano electoral también ha tenido en cuenta los recortes de prensa aportados por los socialistas, en los que se reflejaban dichas declaraciones. Aunque la juez reconoce que el consejero no es responsable del contenido redactado por los medios, sí lo es de sus propias palabras y anuncios, que ocuparon incluso páginas completas acompañadas de su imagen.
Por el contrario, la JEZ no aprecia conducta sancionable en la actuación de otros cargos presentes en el acto, como la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte; o el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández. En su caso, entiende que se limitaron a participar en un acto propio de sus funciones institucionales.
Críticas del PSOE: “campaña sucia”
Tras conocerse la resolución, el secretario de Organización del PSOE de Almería y candidato al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha cargado duramente contra el Gobierno andaluz, al que acusa de desarrollar una “campaña sucia” durante la precampaña electoral.
Así, Ayala ha señalado que el consejero “repasó inversiones, destacó logros y anunció actuaciones futuras” en un contexto en el que está expresamente prohibido hacerlo, y ha subrayado que la resolución “viene a confirmar lo que ya habíamos advertido”.
Además, el dirigente socialista ha ido más allá al interpretar esta actuación como un síntoma de “nerviosismo” en el Partido Popular ante la cercanía de las elecciones. En este sentido, ha calificado de “paradójico” que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, haya pedido una campaña limpia mientras, según denuncia, su Ejecutivo actúa en sentido contrario. Igualmente, ha criticado que el consejero tratara de proyectar una imagen positiva del sistema sanitario andaluz durante su visita, señalando que el Hospital de La Inmaculada representa, a su juicio, “la zona cero del deterioro de la sanidad pública en Andalucía”.
La sanidad, eje del debate electoral
Este episodio refuerza el papel central que la sanidad está jugando en la precampaña andaluza. La gestión del sistema sanitario, las listas de espera y las condiciones de los centros hospitalarios se han convertido en uno de los principales focos de confrontación entre Gobierno y oposición.
Desde el PSOE consideran que este tipo de actuaciones suponen una “vulneración grosera de la ley electoral” y evidencian una estrategia orientada a rentabilizar políticamente la acción de gobierno en plena campaña.
