El magistrado solicita que el 'caso Mascarillas' de la Diputación de Almería se amplíe. Lo hace pidiendo que se investigue en una pieza paralela el viaje que Javier Aureliano García, uno de los imputados y quien fuera presidente de esta institución pública, hizo a Madrid en junio de 2025 junto a su jefa de gabinete y que, según ha apuntado la UCO, se cargó a fondos públicos a pesar de no disponer de una justificación institucional.
Concretamente, los dos días que Aureliano García y María del Mar González pasaron en la capital española el 26 y 27 de junio del pasado año tuvieron un coste para las arcas públicas que rozó los dos mil euros. Esta cantidad de dinero fue facturada, según esta sección de la Guardia Civil, a la Diputación de Almería y argumentado su gasto en base a una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que el que fuera presidente de esa institución parece ser que nunca asistió. Tal es así que, según apunta el informe de la UCO al que ha accedido El País, el vuelo que ambos tomaron para viajar a Madrid aterrizó, incluso, después de que el acto de la FEMP hubiera finalizado.
La sección de investigación de la Guardia Civil apunta a que “el viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”. Esta afirmación la realiza, entre otros ejemplos que justifican que se esté poniendo la lupa sobre este asunto, señalando que, a la hora de indicar el motivo por el que acudían a Madrid estos dos días, María del Mar González le preguntó a Aureliano Gacía si "¿ponemos FEMP?", a lo que el expresidente de la Diputación almeriense respondió que "claro".
Ante lo reflejado en el informe de la UCO, el juez titular de la Plaza 1 del Juzgado de Instrucción de Almería ha solicitado que se abra una pieza paralela en la que se investigue a Javier Aureliano García y a su jefa de gabinete por presuntos delitos de malversación y prevaricación. De esta manera, en el auto emitido el magistrado indica que existen indicios que el viaje a Madrid de ambos tuvo una "naturaleza diversa", apuntando a que “al tratarse de la práctica de un desplazamiento con cargo a las arcas de la Diputación Provincial, sin cumplir con el fin o causa para la que se autorizó, con defraudación o distracción del importe cargado a aquella, es distinto”.
Casi un millón de euros en mordidas a contratos públicos en plena pandemia
El conocido como “caso mascarillas” de la Diputación de Almería investiga una presunta trama de corrupción en la contratación de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, que posteriormente se habría ampliado a otros contratos públicos. Según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, se habrían adjudicado contratos inflados a empresas a cambio de comisiones ilegales o “mordidas”, con un perjuicio para las arcas públicas de alrededor de un millón de euros en sobrecostes y pagos ilícitos que sitúan en torno las comisiones que recibieron cada uno entre los 200.000 y los 400.000 euros, alcanzando casi el millón en total.
Entre los principales investigados figuran el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), señalado por el juez como presunto responsable en el vértice de la organización, junto al exvicepresidente tercero Óscar Liria, considerado clave en la adjudicación de contratos, y otros cargos como el vicepresidente segundo Fernando Giménez, además de varios empresarios y técnicos. También se han investigado familiares de cargos políticos, como hermanos del expresidente, dentro de la ampliación de la causa .
Uno de los aspectos más polémicos del caso es el uso de lenguaje en clave en las comunicaciones, donde los investigados supuestamente hablaban de “tallas” o “servicios” para referirse a las comisiones, con el objetivo de ocultar las negociaciones ilegales. Además, la UCO sostiene que existía un sistema organizado de adjudicación de contratos con intereses personales y posible reparto de beneficios.
Otro punto controvertido es la presunta inflación de precios en la compra de mascarillas, que en algunos contratos habría llegado a duplicarse, así como la posible utilización de familiares y sociedades interpuestas para el movimiento de dinero.
En cuanto a mensajes que han generado polémica, las investigaciones han recogido conversaciones en las que los implicados aluden de forma indirecta a las comisiones y a la “repartición” de beneficios mediante expresiones en clave, lo que ha sido interpretado por los investigadores como indicios de coordinación para ocultar actividades ilícitas. Frases como "tengo que ir al dentista y no sé cuándo ir"; "Yo también me tengo que hacer una limpieza", son algunos de los mensajes que se intercambiaron