La denuncia ha sido promovida por los concejales de la coalición Adelante Andalucía –hoy Por Andalucía– y el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga se ha hecho eco de ella citando como investigados al alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el resto de miembros del equipo de gobierno en relación con el Club de Tiro Jarapalo, que supuestamente carece de licencia, por posible contaminación de un arroyo cercano por los residuos generados por los disparos de las escopetas de los tiradores. 

La Fiscalía observa en la conducta de dichos políticos indicios de posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevaricación. Villanova está citado a declarar el próximo 13 de este mes de diciembre, junto a otros seis ediles del equipo de gobierno; mientras que los restantes miembros del Ejecutivo local deberán comparecer dos días más tarde.

Alhaurin de la Torre es territorio PP. El partido arrasó en las elecciones municipales de 2019, en las que obtuvo casi el 52 por ciento de los votos y 12 de los 21 concejales en liza. Cuatro años antes, en 2015, también gozó de mayoría absoluta con 11 concejales, aunque dos menos de los 13 logrados en 2007 y refrendados en 2011.

Fue el Seprona, la división medioambiental de la Guardia Civil, quien inició la investigación a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente tras recibir esta una denuncia de los concejales Javier Caravias y Eduardo Sáez. El informe de los investigadores concluye que el club carece actualmente de licencia de apertura y de actividad y que "a día de hoy se siguen produciendo vertidos de plomo tanto en los terrenos que rodean al campo de tiro como en el Arroyo la Breña", apuntando que la gestión de dichos residuos es "muy deficiente", tan solo con una gestión parcial desde 2017.

Concluye el Seprona que "en ninguna documentación aportada se refleja el hecho de haber ejercido las debidas competencias en materia de aperturas", como vigilancia o control de la actividad; sin que se haya iniciado expediente a pesar de conocer "la posible afección del arroyo" y que carecía de licencia de actividad "y por ende del instrumento de calificación medioambiental que sustenta la misma".

Por su parte, el alcalde Villanova está seguro de que la denuncia será archivada una vez que el juez escuche sus explicaciones, pues no habrá "ningún problema en explicar, esclarecer y demostrar que ni yo ni ninguno de nuestros concejales ha cometido ilegalidad alguna y mucho menos ningún delito en lo que se refiere a la actividad".

Así lo explicaba el edil en un comunicado donde es escudaba en que el campo de tiro "lleva abierto cerca de 60 años en nuestro término municipal" y él mismo apenas tenía cinco años entonces. También culpó a Izquierda Unida de “judicializar la política municipal presentando una denuncia falsa que estamos seguros de que seguirá el camino de todas las anteriores, siendo sobreseída y archivada como ha pasado con las 68 denuncias anteriores".

En cambio, el informe del Seprona concluye que "se estaría permitiendo el funcionamiento ilegal de tal actividad, habiéndose omitido por parte de los responsables de tales departamentos --de aperturas y medio ambiente-- las inspecciones necesarias y el resto de infracciones que desautoricen el funcionamiento del club de tiro".

Los concejales denunciantes explicaron los detalles de la investigación en una rueda de prensa ofrecida ayer en la que también estuvo presente el coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero. Si tras declarar el juez mantiene la imputación, los concejales pedirán su dimisión “por supuesto delito de prevaricación y por hacer caso omiso a una contaminación muy grave en uno de los arroyos de la localidad".

"No es nuevo, la marca del PP está ligada desde el poder a la mala praxis y a la cuestión de Alhaurín se suma un reguero de casos que recorren Andalucía", dijo el coordinador regional, citando la investigación a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.