Tras las reacciones políticas de la oposición denunciando falta de transparencia, ahora un informe elaborado por el asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Almonte concluye que el procedimiento seguido para adjudicar el contrato del agua podría ser “nulo de pleno derecho” al vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. El dictamen, firmado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Javier Jiménez de Cisneros, señala que la mesa de contratación incurrió en graves irregularidades, especialmente al introducir un segundo consultor técnico sin autorización del órgano competente ni publicidad en la plataforma oficial.
El informe identifica tres fallos clave: la participación de una segunda consultora no prevista, la falta total de transparencia sobre su identidad y la ausencia de aprobación previa por parte del órgano de contratación, que en este caso debía ser el pleno municipal debido al elevado importe del contrato. Según el asesor, estas deficiencias vulneraron principios básicos como la transparencia, la igualdad entre licitadores y el derecho a recusar a los técnicos, al impedir que las empresas conocieran quién evaluaba sus ofertas.
El informe se basa además en lo ocurrido durante la mesa de contratación del 26 de marzo, donde uno de los licitadores ya pidió suspender el proceso al considerar inválida la valoración técnica. El jurista, que fue contratado para asesorar todo el expediente, afirma que emite el dictamen por “obligación jurídica y conciencia profesional” tras constatar estas irregularidades.
Versión A y B de un mismo informe técnico
El escándalo en torno al contrato del agua de Almonte, marcado por un correo que apunta a informes técnicos “a la carta” y por la intervención de un consultor con antecedentes polémicos, sitúa en el centro de la polémica una adjudicación que terminó favoreciendo a la UTE Aqualmonte, liderada por la empresa Gestagua.
La secuencia adquiere especial relevancia a raíz de un correo electrónico intercambiado entre la consultora Aymed y el Ayuntamiento, en el que el técnico responsable del primer informe plantea distintas versiones de su análisis —una con puntuaciones y otra sin ellas— y deja en manos del Consistorio la decisión sobre cuál debía adoptarse como definitiva. El mensaje, dirigido al jefe de gabinete de la Alcaldía, Manuel Vázquez, refleja así la posibilidad de modular el contenido del informe técnico en función de las necesidades del proceso. Finalmente, el documento incorporado al expediente es la versión sin puntuaciones, lo que deja abierta la valoración de los criterios y permite que el segundo informe, elaborado por otra consultora, adquiera un peso decisivo en el resultado final.
En la evaluación de las ofertas participaron dos consultoras: Aymed Proyectos, Obras y Servicios y Are Asesores y Participadas. Sin embargo, la intervención de esta última no constaba inicialmente en la plataforma pública de contratación, pese a que su informe terminó siendo determinante en la adjudicación.
Según las informaciones publicadas, el procedimiento incluyó la elaboración de más de un informe técnico, siendo finalmente uno de ellos —el emitido por Are— el que resultó clave en la valoración de las ofertas y en la resolución del concurso.
Cárdenas, su etapa en Aqualia y el conflicto de interés
La controversia se intensifica por el perfil del consultor vinculado a esta firma, Ángel Francisco Cárdenas, quien participó en la evaluación. El técnico, que trabajó anteriormente en Aqualia, fue gerente de la compañía en Algeciras y de la empresa mixta con el Ayuntamiento, Emalgesa. En julio de 2008 fue despedido por la empresa —propiedad de FCC e IFM— por “gestión irregular”, según confirmó la propia Aqualia, que reaccionó de forma rotunda al conocer su participación en este proceso y aseguró que, de haberlo sabido, “habría presentado una recusación” al existir un posible conflicto de interés. Cárdenas ha estado además relacionado con investigaciones por presunta corrupción en el ámbito de la contratación pública, incluidas tramas como Fitonovo, lo que ha suscitado dudas sobre su idoneidad en un proceso de esta magnitud.
La oposición denuncia falta de transparencia
La oposición en Almonte ha elevado la presión sobre el contrato del agua con nuevas críticas y acciones políticas. El concejal no adscrito y líder de Almonte 100x100, Miguel Ángel Jiménez, ha registrado una solicitud de información pública para acceder a toda la documentación y a las comunicaciones entre el Ayuntamiento y las empresas asesoras, denunciando que el proceso se ha tramitado “en la oscuridad” y alertando de un posible “modus operandi” en otros contratos de la legislatura.
Desde Vox, José Joaquín de la Torre asegura que las irregularidades no son una sorpresa y denuncia un “oscurantismo” sistemático del Consistorio, que —afirma— bloquea el acceso a la información y deja bajo sospecha otros contratos millonarios. El edil ha recurrido al Consejo de Transparencia y no descarta acciones legales, incluso la intervención de la Fiscalía.
Por su parte, Rocío del Mar Castellano, de Mesa de Convergencia, critica la opacidad general de la gestión municipal y cuestiona la participación de una consultora no recogida inicialmente en el expediente. Su formación pedirá información formal y estudia medidas legales, además de impulsar un pleno extraordinario ante el bloqueo de iniciativas previas.
El contrato, de unos 200 millones de euros y con una duración de hasta 25 años, afecta a servicios esenciales como el abastecimiento, alcantarillado y depuración en núcleos como Matalascañas y El Rocío, lo que lo convierte en una de las adjudicaciones más relevantes del municipio.
Mientras el Ayuntamiento defiende que el procedimiento se ha desarrollado conforme a la legalidad, la existencia de este correo, la falta de visibilidad inicial de una de las consultoras y el perfil del asesor implicado han intensificado el debate político y social sobre la transparencia y las garantías del proceso.
