Hasta que mañana esté disponible en las librerías y su lectura permita a los críticos hacer la reseña sosegada que merece, las primeras impresiones sobre el ensayo político de José Antonio Griñán ‘Cuando ya nada se espera’ (Galaxia Gutenberg) se han detenido en las pocas páginas donde el autor glosa, muy por encima, el caso ERE, en cuyo juicio fue condenado por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019 a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación en una severísima sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo.

Algún tiempo después de la sentencia, en 2020, el expresidente de la Junta de Andalucía coincidió casualmente en un restaurante con Ricardo Tarno, dirigente del PP andaluz que ocupó cargos institucionales y orgánicos de relevancia: presidente del PP de Sevilla, vicesecretario del PP andaluz, parlamentario autonómico, alcalde de Mairena del Aljarafe o diputado durante cuatro legislaturas en el Congreso, donde fue portavoz adjunto del Grupo Popular.

Su interlocutor tenía buenos motivos para dar credibilidad a las palabras de Tarno, que fueron estas: “Griñán, el que te ha jodido la vida no fue Zoido, fue Arenas”. Poco antes de ese encuentro, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, había llamado a Griñán por teléfono para un tema institucional y el expresidente le comentó de pasada que si la llamada la hubiera hecho Juan Ignacio Zoido, no le habría cogido el teléfono.

Conjeturó cabalmente Griñán que a oídos de Tarno habría llegado su opinión sobre el exministro del Interior que él le había trasladado días antes a Moreno. Relata el autor de ‘Cuando ya nada se espera’ que "aquella información me inquietó y me hizo pensar en esa interferencia política en la labor de los jueces por parte de los populares de la que el portavoz de este partido en el Senado, Ignacio Cosidó, se había jactado".

En las entrevistas que viene concediendo para la promoción del libro, Griñán no ha ocultado su convencimiento del papel clave que habría tenido la política en la instrucción y posterior juicio de los ERE. En la primera de esas entrevistas, concedida al periodista andaluz Manuel Mateo Pérez para el digital ‘Publishers Weekly en Español’, Griñán afirma: “Confieso que sigo sin comprender nada de lo que sucedió. No tengo dudas de que fue un caso manipulado políticamente. No tenía base alguna para llegar a donde llegó. Y espero que eso lo entienda el Tribunal Supremo”.

En la entrevista concedida anoche a la cadena SER, el director de Hora 25 Aimar Bretos volvía a preguntarle sobre la intervención del PP en la macrocausa: “No es normal que a los dos días de declarar Manolo Chaves y yo, el máximo responsable del Ministerio de Justicia [el ministro Rafael Catalá] dijera que no era creíble lo que habíamos dicho. Yo creo que eso no había ocurrido nunca. Tampoco es comprensible que alguien [en alusión a Tarno] se me acercara para decir eso”.

En todo caso, no hay pruebas y seguramente nunca las habrá del papel que, según su compañero de partido Ricardo Tarno, jugó Javier Arenas en el caso ERE. El exministro del Interior y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido sí tuvo, ciertamente, una función determinante en el caso Mercasevilla, germen del caso ERE que finalmente se saldó con una cascada de absoluciones.

En efecto, en abril de 2009 Zoido, entonces concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, denunció en los juzgados el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, aunque la Fiscalía ya estaba llevando a cabo desde hacía tres meses su propia investigación a raíz de la denuncia presentada por la Consejería de Empleo de la Junta. La maniobra de Zoido, juez de profesión, dio en el blanco: su denuncia en el juzgado obligaba a la Fiscalía a cerrar su investigación, que pasaría a manos de la juez instructora Mercedes Alaya.

Griñán no es el único procesado del caso ERE que está convencido de que el PP, muy bien conectado con el núcleo conservador de la judicatura sevillana, desempeñó un papel relevante en el impulso judicial y el vuelo político del caso, así como en favorecer su inclusión en la jurisdicción penal y no en la contencioso-administrativa. Uno de los políticos condenados en el proceso, en conversación con El Plural, cree que la juez Mercedes Alaya, aunque era “muy antisocialista”, no formaba parte inicialmente de ese grupo de jueces y fiscales conservadores de Sevilla, pero estos vieron pronto que, cuando comenzó a investigar el caso Mercasevilla, la instructora había dado con una mina de oro que podía erosionar al Partido Socialista.

De la misma opinión es el empresario Francisco Barrionuevo, procesado en el caso Invercaria y autor del libro ‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado de derecho?’, donde comparte la opinión de buen número de letrados según la cual “Sevilla es un ecosistema judicial muy particular”. Barrionuevo denuncia en su obra “la denominada inercia procesal y la situación que está viviendo la Judicatura sevillana, donde se intenta judicializar todo lo llevado a cabo por el anterior Gobierno, y lo que es peor, ponernos la etiqueta de ‘colaboracionistas del Régimen’ a los empresarios que de un modo u otro hemos desempeñado nuestra profesión con honestidad”.