Su nombre es Arturo Beltrán Núñez, es magistrado ya jubilado pero su opinión tiene mucho peso en ámbitos relacionados con la justicia penitenciaria, pues no en varo presidió durante más de 30 años la Sala Quinta de lo Penal de la Audiencia de Madrid, máxima instancia a la que los más de 8.000 presos de la Comunidad de Madrid podían recurrir las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria.
Según ha adelantado el digital Fuentes Informadas, Beltrán Núñez está convencido de que el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE, podría eludir perfectamente su ingreso en prisión sin necesidad de ser indultado por el Gobierno de España, ante el que su familia ha solicitado el perdón del veterano político.
En su opinión –detallada en el digital dirigido por José Antonio Hernández, que firma la información–, Griñán “puede ingresar en prisión en un Centro de Inserción Social, para lo que no hay problema, por ser un delincuente primario [carece de antecedentes penales], y además no tiene pendientes responsabilidades civiles, ya que la Junta de Andalucía renunció a reclamar [el dinero malversado, según la sentencia]”.
Por tanto, argumenta el exmagistrado, “puede ser clasificado en tercer grado en 24 horas y puede quedar en libertad condicional en menos de una semana, lo cual es acorde a la ley por tener bastante más de setenta años y, probablemente, algunos problemas de salud, comunes a esa edad”.
Además, prosigue, “sería la libertad condicional, digamos antigua, es decir, no una mera suspensión de la ejecución de la pena (ley actual), sino el antiguo cuarto grado penitenciario, en el que se cumplía en libertad parte de una pena privativa de libertad. Sin [hacer] otra cosa que aplicar la ley, porque la peligrosidad de Griñán para delinquir de nuevo, fuera del poder, no existe”.
Arturo Beltrán se muestra, no obstante, cauto sobre el indulto: “Como magistrado prefiero no hablar del indulto por sus evidentes connotaciones políticas. Y, aunque no pretendo decir a la Audiencia de Sevilla lo que debe hacer, lo cierto es que jurídicamente puede solucionarse el problema de Griñán, y, quizá, el de otros [condenados]».
