El Gobierno de Moreno Bonilla modificó sus controles de Intervención y facilitó pelotazos sanitarios

La pandemia de la Covid-19 abrió la puerta a personalidades con poder y sin escrúpulos que vieron la oportunidad de hacer negocio mientras cientos de miles de personas morían. Una situación crítica que obligó a actuar con velocidad, buscando desesperadamente material necesario y activando mecanismos excepcionales de contratación, aprovechada por unos pocos. En Andalucía se pasaron de la raya y ahora la Justicia investiga los múltiples contratos asignados a dedo a clínicas privadas, por un valor de 234 millones de euros, que se vieron favorecidos por la eliminación de las auditorías previas aprobada por Juan Manuel Moreno Bonilla.

La fecha marcada en el calendario es el 6 de octubre de 2020, día que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un acuerdo que terminaba el control al que se sometían los gastos y servicios contratados por la Junta de Andalucía, sustituyéndolo por un análisis a posteriori. Cabe destacar que, como informó elDiario.es, los contratos relativos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), institución sobre la que ha puesto el foco el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, habían quedado fuera de la modificación, pero Moreno Bonilla decidió sumarlos.

La maniobra la acometieron el todavía presidente de la Junta y el que por aquel entonces era su consejero de Hacienda, Juan Bravo, actualmente vicesecretario nacional y mandamás económico del Partido Popular (PP). La pretensión por “agilizar” los trámites, o esa era la justificación dada, terminó incluyendo al SAS en una lista de ocho categorías para las que se aprobaba este cambio, pese a que la interventora general de la Junta, Amelia Martínez, había recogido en la memoria motivadora de la reforma siete categorías, una menos, dejando fuera el ámbito sanitario.

Sin embargo, tal y como revela el documento público que firmó Bravo y que ratificó Moreno Bonilla, finalmente fueron incluidos sin ningún informe motivador que justificase la modificación. Un documento que dio luz verde para que en los años posteriores se pudiesen repartir casi 250 millones de euros sin concurso público y sin dar publicidad a las asignaciones. Según el Gobierno andaluz, la interventora fue consultada para sumar los contratos del SAS, pero la propia Martínez reconoció que no existe ninguna actuación oficial que pruebe que esta consulta se produjo.

El proceder escama al juez encargado del caso, José Antonio Gómez, que tan solo cuenta con estos dos únicos documentos (memoria de la Intervención y acuerdo del Consejo de Gobierno) para indagar en la asignación millonaria. La exinterventora y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de Moreno Bonilla ya ha hecho el paseíllo que varios altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz tendrá que acometer hacia el juzgado, en calidad de testigo o imputados. El día grande está fechado este martes, 25 de noviembre.

En ese momento será cuando declaren, en calidad de investigados, la actual directora general del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Estos tendrán que explicar la gran cantidad de asignación de contratos a dedo a través del procedimiento de urgencia sin una justificación real, en los años posteriores al momento más duro de la pandemia y aprovechando el devenir de urgencia que había imperado durante la crisis.

Pero la cuestión detectada por el juez es que, en 2021, 2022 y 2023, ya no era necesario repartir contratos a dedo a diestro y siniestro, más cuando algunos ni siquiera se desarrollaban en el plazo de un mes y, en consecuencia, no parecen cumplir con el carácter de “urgencia” en el que se apoyaba la Junta para el dedazo. Un caso de presunta corrupción sanitaria más en Andalucía que, sumado a la crisis de cribados del cáncer de mama y a las detenciones en la diputación de Almería por la trama mascarillas, pone en jaque a Moreno Bonilla.