La polémica por las subvenciones millonarias concedidas por la Junta de Andalucía para la construcción de residencias de mayores llegará al Parlamento andaluz. En esta cámara de representación pública aterrizarán las dudas presentadas por miembros de administraciones públicas de Jaén y representantes políticos sobre posibles irregularidades, falta de transparencia y cuestionando que se haya producido trato de favor a municipios gobernados por el Partido Popular. La información presentada hasta ahora por ElPlural.com pone en entredicho, tal y como han traslado las fuentes a este periódico, el proceso de concesión de estas ayudas y la inacción de la Junta a la hora de proporcionar información clave exigida por la Justicia.
Las críticas surgieron al haber recaído las ayudas económicas para la construcción de residencias de mayores solo en localidades gobernadas por el PP. Concretamente, en conjunto, las subvenciones otorgadas en la provincia de Jaén para desarrollar estos proyectos superan los 10 millones de euros, habiendo recibido Jódar y Bailén 3 millones de euros cada una, Bélmez de la Moraleda obtuvo más de 2,8 millones y Villardompardo cerca de 1,5 millones. Estas adjudicaciones han sido objeto de crítica no sólo por el monto, sino por el contexto y el proceso en el que fueron concedidas.
Ante el cuestionado proceso y hechos como que, tras presentar una reclamación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indicara a la Junta que debía facilitar al Ayuntamiento de Noalejo el desglose de los motivos por los que se habían otorgado las calificaciones a cada localidad, documento que siguen esperando después de que el plazo de entrega concluyera en octubre, el PSOE ha decidido registrar en el Parlamento andaluz una serie de preguntas con las que reclamar al Ejecutivo autonómico las respuestas que no se están dando.
Una convocatoria de subvenciones que ha despertado sospechas
La dudas iniciales, que se plantearon tras la entrevista que una radio local hizo a dos concejalas de Podemos en Jódar, que hasta hace poco formaban parte del equipo de gobierno municipal, apuntaban a que algunos responsables políticos de este Ayuntamiento conocían con antelación que la ayuda llegaría a la localidad, incluso antes de que la concesión se hiciera pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Además de estas sospechas, las propias concejalas expresaron dudas sobre el futuro cercano del proyecto, ya que, según ellas, más allá de la construcción de la residencia, no se han dado pasos claros en ámbitos clave como el mobiliario, la gestión del centro o la contratación de personal. De hecho, exponían que todavía no se sabe si la gestión iba a ser pública o privada y señalaba que al equipo de Gobierno le interesa que la edificación concluya este año, de cara a los comicios autonómicos.
Ante lo expresado por estas dos concejalas, ElPlural.com consultó a diversos agentes de la gestión pública y la política jienense sobre este asunto, los cuales mostraron sus dudas en torno a este proceso de convocatoria de subvenciones, subrayando que no solo ocurrió en Jódar, sino que otros políticos del PP en Jaén también daban por hecho, antes de la comunicación oficial, que el dinero para construir la residencia de mayores llegaría a su localidad.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Noalejo, un municipio que asegura reunir los requisitos exigidos para haber sido beneficiario de esta subvención, inició, tal y como se ha explicado a este medio, un proceso de reclamación con el que poder acceder a los criterios de evaluación y baremación del procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a este Consistorio Municipal y ordenó a la Junta, según se apuntó a ElPlural.com, entregar la documentación requerida, que incluiría tanto las justificaciones de las calificaciones concedidas a cada proyecto como los criterios técnicos aplicados. Sin embargo, esa información que debía de haberse facilitado como tarde en octubre, a día de hoy todavía no ha llegado a Noalejo. Lo que más se subraya es que en este proceso se da una falta de datos que está poniendo en duda su transparencia.
Desde Noalejo se ha insistido en que el plazo para presentar proyectos fue corto y se enmarcó en un periodo poco adecuado, pues la convocatoria se publicó el 29 de diciembre y se daba menos de un mes para presentar candidaturas, lo cual aseguran dificulta en gran medida que localidades sin un proyecto ya preparado pudieran presentarse. Además, según subrayan, los requisitos y criterios de evaluación habrían sido estrictos y con elementos subjetivos, lo que podría haber beneficiado a municipios mejor posicionados políticamente o con más recursos técnicos para preparar las candidaturas, como haber conocido de antes lo que se iba a pedir, tal y como afirmaban.
Todas estas críticas se articulan en torno a una acusación central, la cual gira en torno a que la Junta de Andalucía podría no haber una concurrencia competitiva real en la concesión de estas subvenciones, lo que habría podido provocar que ayuntamientos del PP resultaran beneficiados mientras otros, que afirman cumplir con los requisitos, han quedado fuera o están todavía esperando explicaciones oficiales.
El PSOE pedirá a Moreno Bonilla responder en el Parlamento andaluz
Este contexto sirve de base para que el Partido Socialista haya registrado preguntas en el Parlamento de Andalucía, exigiendo al Ejecutivo autonómico que ofrezca información clara y detallada sobre cómo se diseñó y ejecutó el proceso. La petición socialista apunta tanto a esclarecer las posibles irregularidades como a garantizar que los recursos públicos se asignen de forma equitativa y transparente.
Los socialistas llevan el caso tanto a la cámara parlamentaria como a la Oficina Antifraude para abordar las "sombras de sospecha" y se esclarezca el asunto. “Es urgente que la Junta de Andalucía sea transparente y dé la cara en este asunto, facilitando la información que le ha requerido hace meses y que todavía no ha aportado, pero también trasladándola a la ciudadanía para que podamos conocer con detalle cuáles fueron los criterios para conceder unas ayudas a unos ayuntamientos y denegárselos a otros”, apunta la parlamentaria Mercedes Gámez.
Entre otros asuntos, desde el PSOE apuntan a los muy estrictos requisitos solicitados en la convocatoria y que se convocara con apenas un mes de plazo para presentar unos proyectos que "son de envergadura". Esto es algo por lo que los socialistas consideran es obligado saber si había ayuntamientos con información privilegiada para concurrir en situación ventajosa.
Además, los socialistas recuerdan que, hace no mucho, el presidente del Partido Popular en la provincia de Jaén filtró las bases de la convocatoria a un puesto de trabajo a un político de otro partido antes de que fueran convocado el proceso de concurrencia, filtración que realizaba en unas conversaciones en las que le pedía hacer campaña a favor del PP. “Por tanto, aquí hay un cúmulo de circunstancias verdaderamente insólitas que la Junta debería aclarar, porque se está poniendo en entredicho la limpieza de un proceso al que todo el mundo debería concurrir en igualdad de condiciones y teniendo las mismas oportunidades que los demás”, concluye Mercedes Gámez.