El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha acordado este martes declarar zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de Andalucía que han sufrido las consecuencias de la sucesión de fenómenos meteorológicos adversos ocurridos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
Esta medida forma parte de un paquete global de respuesta estatal que reconoce un total de 76 episodios catastróficos en catorce comunidades autónomas. No obstante, la decisión tiene una especial incidencia en Andalucía, comunidad que ha soportado una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo. La declaración cubre de manera integral los daños provocados por las borrascas ‘Claudia’ (noviembre) y ‘Emilia’ (diciembre), así como los recientes y virulentos pasos de ‘Leonardo’ y ‘Marta’. Asimismo, se incluyen bajo este paraguas de protección diversos episodios de lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones registrados a principios de enero que han alterado significativamente la vida diaria en numerosas comarcas.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado muy positivamente la celeridad de esta declaración, destacando que el objetivo prioritario es activar cuanto antes los mecanismos de recuperación financiera y logística para los municipios golpeados por el temporal. Fernández ha hecho hincapié en la excepcionalidad de la situación, al tratarse de una concatenación de borrascas que ha impedido en muchos casos la recuperación natural del terreno entre un evento y el siguiente.
"Quiero expresar el máximo apoyo del Ejecutivo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, quienes han visto sus propiedades y su entorno cotidiano dañados por la fuerza de los elementos", ha declarado Fernández. El delegado ha asegurado con firmeza que el Gobierno de España "va a acompañar a la población andaluza el tiempo que sea necesario hasta que se pueda restablecer la normalidad completa", subrayando que las ayudas se tramitarán con la mayor diligencia posible una vez que las administraciones locales y autonómicas completen la evaluación definitiva de los daños.
Entre los sucesos que motivan esta declaración en la comunidad andaluza, destacan por su impacto y severidad la borrasca ‘Claudia’ (15 de noviembre). Este primer gran episodio trajo consigo precipitaciones intensas y rachas de viento muy fuertes, obligando a la activación de planes de protección civil en varias provincias y causando las primeras incidencias serias en el mobiliario urbano y la red secundaria de carreteras. Tras ella, Andalucía sufrió el envite de la borrasca ‘Emilia’ (12 de diciembre), un episodio especialmente dañino que intensificó las precipitaciones sobre un terreno ya húmedo, agravando el temporal marítimo en el litoral. Sus efectos fueron notables en las infraestructuras viarias, servicios básicos y zonas de costa, donde se registraron daños por el embate de las olas y el viento.
Posteriormente, en enero la comunidad experimentó fuertes lluvias e inundaciones, unas lluvias que provocaron anegaciones en diversas comarcas, desbordamientos puntuales de cauces y dificultades severas en la movilidad interurbana. Las últimas las borrascas Leonardo y Marta, son las que más estragos han generado en Andalucía, principalmente la primera a comienzos de febrero, donde han sido desalojadas más de a más de 8.000 personas, con especial incidencia en los municipios de Grazalema (completamente desalojado) y Ubrique, ambos de la Sierra de Cádiz.
La declaración aprobada hoy activa el procedimiento para que los damnificados puedan solicitar las ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, recogidas en el Real Decreto 307/2005. Estas subvenciones están destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres de primera necesidad, así como en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se contemplan compensaciones a las corporaciones locales por los gastos derivados de actuaciones inaplazables realizadas durante la emergencia para garantizar la seguridad de los vecinos.
Además, el acuerdo del Consejo de Ministros abre la vía a otras medidas transversales de distintos departamentos ministeriales para una recuperación integral. Según el documento facilitado por el Ministerio, Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas y locales dañados, así como una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los negocios afectados. Las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.
Asimismo, se habilita a los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión para desarrollar medidas de protección laboral. Esto incluye la posibilidad de conceder bajas laborales consideradas como contingencia profesional para quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo, así como bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos gravemente afectados.
Por otro lado, el Ministerio de Política Territorial también podrá conceder subvenciones de hasta el 50% del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales (redes de agua, alumbrado, pavimentación) que hayan sufrido desperfectos. Y, el Ministerio del Interior, estudiará la aprobación de una exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico para trámites como la baja de vehículos siniestrados o la expedición de duplicados de permisos de circulación y conducción destruidos o extraviados, así como las tasas por expedición del DNI.
Las ayudas están condicionadas, en todo caso, a la acreditación fehaciente de los daños producidos. Por ello, el delegado del Gobierno ha instado a todas las administraciones territoriales a mantener la máxima colaboración en la evaluación técnica de los daños para agilizar la burocracia y acelerar la llegada de estos fondos a los ciudadanos que los necesitan.