En el marco del debate territorial y con motivo del día de Andalucía, no pocos artículos de prensa aludían al despertar de una ciudadanía andaluza que, retomando el espíritu del 4D y del 28F, recobrase la ilusión por el autogobierno como instrumento para acabar con la situación de desigualdad que en 1981 asolaba esta tierra. Desgraciadamente, muchos años después, la desigualdad sigue presente con más fuerza que nunca y la sufren, sobre todo, las mujeres. El debate territorial está en el epicentro de la política nacional y, no por casualidad, las violencias machistas y las políticas de igualdad también. Cambia, todo cambia, pero no olvidemos que algunas claves estructurales del cambio pueden quedar invisibilizadas en el cortoplacismo político presente. A pesar de los avances, el marco legal e institucional internacional, estatal y autonómico está lejos de haber conseguido la Igualdad real y efectiva. Seguimos careciendo de los recursos y las políticas de Igualdad imprescindibles para garantizarla frente a los ataques y retrocesos que siguen produciéndose desde los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad. Lamentablemente, la responsabilidad de estas carencias es compartida con aquellas fuerzas políticas que pretenden reducir el potencial transformador que tienen los feminismos a un mero discurso institucional, partidista, utilizado en muchas ocasiones como propaganda electoral. Como bien sabemos quienes nos reconocemos en la tradición feminista, las políticas de género pueden servir para el cambio y la crítica, o para quedarse en el inmovilismo y la autocomplacencia. De hecho, hoy está normalizado que las mujeres sean colocadas en escena para vender, consumir, ganar votos o "democratizar" empresas y políticas de algunos gobiernos. El discurso del Partido Socialista repite una y otra vez que la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, no se alude a su responsabilidad a la hora de hablar de las vidas precarizadas y violentadas de las mujeres y de cómo las políticas de austeridad, la reforma laboral o la supresión del Ministerio de Igualdad provocaron unos efectos implacables en la vida de las mujeres. Sí lo hacen algunos de los informes internacionales que han suspendido a España en materia de igualdad, como el Informe CEDAW de Naciones Unidas. La pretensión de reducir la responsabilidad de la desigualdad que sufren las mujeres a la crisis y la gestión que de ella ha hecho el Partido Popular, olvida que esta desigualdad no es resultado de una crisis sino de un Sistema y que la gestión que la crisis no empieza con la nefasta política del Partido Popular, sino con las renuncias y recortes del gobierno socialista que abandonó el discurso de la Igualdad para someterse a los dictados del déficit y la deuda. De hecho, La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es una ley apenas desarrollada y tan rápidamente relegada como la Secretaría de Estado que la puso en marcha. Una circunstancia de la que tampoco escapa el Gobierno andaluz de Susana Díaz. Algo similar ocurrió a la conocida Ley Orgánica 1/ 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, aunque prometió serios avances, la falta de voluntad política a izquierda y derecha para destinar recursos puso en evidencia que las políticas identitarias sin políticas de redistribución reales no van muy lejos. En este sentido muchas feministas socialistas hicieron un trabajo espléndido, las mismas que hoy deben estar alarmadas ante el pacto con un partido neomachista, Ciudadanos, que hasta se escribe en masculino. Un pacto, por cierto, que ya se ha ensayado por la cúpula del PSOE andaluz. En Andalucía hay que ejercer la responsabilidad competencial que el Estatuto de Autonomía reserva en materia de políticas de Igualdad. El Gobierno andaluz no ha asumido su responsabilidad frente a los ayuntamientos en materia de Política de Igualdad y de Violencia de género, haciendo dejación de funciones. Fruto de esta falta del ejercicio de su responsabilidad ha sido la precariedad de un sistema público de protección y promoción social de la Igualdad que ha dejado en manos de las administraciones locales la iniciativa y el personal destinado a este cometido. El resultado es la falta de consolidación de estos servicios, su precarización y supresión en momentos de crisis, como es el caso de las profesionales de los Centros y Puntos de Información de la Mujer que el Gobierno andaluz no quiso reconocer como personal propio y cuyo incierto futuro ha dejado en manos de las distintas corporaciones locales. El Gobierno de Susana Díaz tiene que asumir su competencia y responsabilidad sobre este sistema, impulsando la legislación en su ámbito, exigiendo a las Corporaciones Locales que sigan prestando unos servicios que son básicos para la promoción de la Igualdad y la prevención de la violencia machista y, por tanto, poniendo los recursos necesarios para que puedan seguir prestando estos servicios mediante una gestión pública directa que garantice su calidad y la de los muchos empleos que genera. Andalucía debe ser ese lugar que nos permita autogobierno, sí,  pero no cualquier autogobierno. Debe ser ese lugar político, material y simbólico que permita existir con dignidad en un contexto de democracia real que no necesite excluir del relato y del análisis que muchas mujeres han sido asesinadas en la última década, demasiadas. Y que otras muchas lo son un poco cada día. Esto requiere mucho más que solidaridad y empatía, requiere voluntad política y capacidad de análisis de nuestras sociedades a partir de lo que ocurre con los cuerpos y vidas de las mujeres cosificadas, explotadas y asesinadas, pero también con las vidas y cuerpos de hombres desechados laboral y socialmente que comienzan a replantarse la autoridad social perdida en el espacio privado ante la pérdida de autoridad ciudadana en lo público y, que acabarán apoyando el discurso neomachista de Ciudadanos. (*) Rocío Medina es responsable del Área de Feminismos de Podemos Andalucía y Esperanza Gómez es coordinadora del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía.