La antigua comisaría de La Gavidia de Sevilla se ha convertido en el epicentro de un intenso debate entre lo institucional y los sectores sociales, que enfrenta a colectivos memorialistas con un sector de la propia policía. La controversia surge a raíz de la coexistencia de dos posturas encontradas sobre el futuro del histórico inmueble y su catalogación como Lugar de Memoria Democrática, un asunto que combina el recuerdo de la represión franquista con la defensa del legado profesional de los agentes que sirvieron en el edificio durante décadas.
El inmueble de La Gavidia albergó en el pasado la sede de la Jefatura Superior de Policía y, posteriormente, la comisaría del distrito Centro hasta su cierre definitivo en el año 2003. Durante la dictadura franquista sus instalaciones y, de manera muy señalada, sus calabozos funcionaron como uno de los principales escenarios de la represión ejercida contra personas detenidas por sus actividades políticas, sindicales, sociales y en defensa de las libertades.
En la actualidad, el edificio se encuentra inmerso en un proceso de transformación urbanística para albergar en los próximos meses la apertura de un hotel de la cadena Thompson. En el marco de esta actuación inmobiliaria, el Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito un acuerdo con el propio hotel para que una parte de sus dependencias acoja un centro de interpretación de la memoria democrática. El propósito de esta iniciativa institucional es precisamente "preservar la historia de uno de los principales escenarios de la represión franquista".
Sin embargo, este proyecto urbanístico y cultural ha provocado un profundo malestar entre un sector de la plantilla policial. En una carta firmada por sesenta agentes que prestaron servicio en el inmueble, los funcionarios recuerdan que el marco normativo que ampara estas actuaciones, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, fue aprobado en el año 2017 gracias al voto a favor de los partidos de izquierda, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos optaron por la abstención en aquel momento político.
La FAMD
Frente a este escenario, la Federación Andaluza de Memoria Democrática ha defendido con firmeza la protección de los antiguos calabozos, apremiando tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Sevilla a que cumplan con la legislación vigente sin sentirse "amenazados". Desde esta organización se subraya que el reconocimiento del espacio no responde a una estrategia partidista ni busca señalar colectivamente a ningún cuerpo profesional, sino que obedece a una cuestión de derechos humanos.
La entidad recuerda que los calabozos constituyen un espacio documentado de la represión, pero matiza explícitamente que los hechos vividos allí en el pasado "no acusan a quienes hoy forman parte de la Policía, ni tampoco atribuyen responsabilidad a todos los agentes que trabajaron en aquel edificio". El propósito de este espacio de memoria, según la federación, es consolidar una cultura democrática basada en la dignidad y el conocimiento histórico para garantizar la "no repetición".
La demanda de los policías firmantes
En el extremo opuesto, el grupo de sesenta policías formado por agentes que trabajaron en el inmueble hasta su cierre en 2003, incluidos comisarios e inspectores jefes que desempeñaron altos cargos, ha dirigido una carta al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y al alcalde hispalense, José Luis Sanz. En este escrito exigen que la antigua comisaría deje de ser considerada un lugar de memoria y piden al regidor que paralice la instalación del centro de interpretación o muestra vinculada a la memoria en el hotel Thompson, al considerar que denigra la profesionalidad y dignidad de los agentes.
Los firmantes critican que la inscripción de los calabozos en el inventario autonómico, acordada por el Consejo de Gobierno de la Junta el 30 de junio de 2020, fuera impulsada bajo un gobierno del Partido Popular en la Consejería de Cultura (liderada entonces por Patricia del Pozo), recordando la citada abstención inicial del PP en la ley de 2017. Asimismo, defienden su trayectoria recordando su entrega a la ciudad, la pérdida de compañeros a manos del Grapo (como el inspector Damián Seco y los agentes Juan Manuel Torres León y Juan Torrebrejano Hita) y la evitación de atentados de ETA.
Con este cruce de posturas, el emblemático edificio de La Gavidia permanece en el centro de la polémica, tensionando las relaciones entre los defensores de la memoria histórica y los colectivos de agentes que reclaman limpiar el buen nombre de la institución policial.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
