La explanada del Palacio de San Telmo se ha convertido este jueves en el epicentro de una protesta que refleja el malestar creciente de las familias andaluzas con hijos e hijas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Más de un centenar de personas han salido a la calle para exigir “medidas concretas” que garanticen una atención digna y recursos suficientes en la escuela pública. “No son números, son nuestros hijos”, coreaban durante la concentración, en la que también han pedido la dimisión de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

Las familias denuncian una situación que califican de “insostenible” y reclaman a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad. En un manifiesto conjunto, exigen la reducción de ratios en las aulas ordinarias, la regulación del número de alumnos por especialista, el cumplimiento de las ratios de orientación y una formación específica y continua del profesorado. También piden paralizar la eliminación de la Formación Profesional Básica específica y ampliar las opciones formativas para este alumnado.

“No pedimos privilegios, pedimos derechos”

Entre las voces más contundentes ha estado la presidenta de la asociación Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad (MIDE), María Eugenia Palomino, quien ha cuestionado el destino de los fondos públicos destinados a inclusión: “¿Dónde están esos recursos, ese personal, esos apoyos?”, ha preguntado, pues “Nosotras, que llevamos a nuestros hijos a los colegios, no los vemos por ningún sitio”. Así, ha subrayado la falta de “voluntad política” para solucionar el problema.

De esta forma, Palomino ha insistido en que las familias no reclaman beneficios extraordinarios, sino derechos básicos. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo una educación digna, inclusiva y accesible”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que la situación actual supone una vulneración de los derechos fundamentales del alumnado con necesidades especiales.

Ratios, apoyos y abandono educativo

Las reivindicaciones de las familias también incluyen que el apoyo individualizado sea un recurso público, regulado y garantizado por la Administración, así como la aplicación inmediata de protocolos contra el acoso escolar en alumnado NEAE. Denuncian además que la falta de personal especializado está generando intervenciones insuficientes y sobrecargando al profesorado, lo que repercute directamente en la calidad educativa.

“Exigimos claridad, plazos públicos y garantías reales”, recoge el manifiesto, que advierte de que los menores “no pueden ser víctimas de vacíos administrativos ni de promesas sin fecha”. Las familias acusan a la Junta de “invisibilizar” a este alumnado y sostienen que los problemas actuales no son errores, sino “decisiones políticas” con consecuencias directas en el día a día de los niños.

Choque político en plena precampaña

La protesta se produce a pocas horas del inicio oficial de la campaña electoral andaluza y ha contado con el respaldo del PSOE-A. Su portavoz de campaña, Ángeles Férriz, ha animado a la ciudadanía a trasladar su “indignación” en las urnas el próximo 17 de mayo, acusando al Gobierno de Moreno Bonilla de “destrozar los servicios públicos”.

Así, Férriz ha sido especialmente crítica con la gestión de la educación especial, asegurando que “la cara más insensible” del Ejecutivo se refleja en la falta de atención al alumnado NEAE. “No estamos hablando de números, sino de niños con derecho a una educación inclusiva”, ha señalado, denunciando que cada recorte en personal o recursos supone “una barrera más” para estos estudiantes.

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