Solo cinco de los 20 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que en 2012 asaltaron un supermercado de Mercadona en Écija han sido finalmente juzgados, después de que los 15 restantes llegaran a un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptaban seis meses de cárcel que podrán sustituir por una multa de 720 euros.
Los procesados, que “expropiaron” siete carritos con comida para repartirla entre los pobres, alegan que se trató de una acción simbólica y solidaria para llamar la atención de la opinión pública sobre las penurias que la crisis estaba provocando en las familias más desfavorecidas.
El otro asalto
El asalto solidario en Écija no fue el único protagonizado aquel día por el SAT, liderado entonces por Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero.
También hubo una acción similar en un hipermercado de Carrefour en Arcos de la Frontera, aunque finalmente la compañía llegó a un acuerdo con los sindicalistas comprometiéndose a donar 12 carritos de comida para familias pobres de la serranía de Cádiz.
Sobre el asalto de Écija, fuentes de Mercadona dijeron ser conscientes de que la situación económica era "preocupante", pero recalcaron que incluso en un año económico tan complicado como 2011 la compañía había creado 1.200 empleos fijos en Andalucía, 300 en la provincia de Sevilla.
Solidaridad de Podemos
Por su parte, el Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía ha manifestado su solidaridad con los procesados. Podemos Andalucía ha considerado, en una nota, "desproporcionada" la acción judicial contra los sindicalistas, para los que la cadena de supermercados y la Fiscalía solicitaban penas de 30 años de cárcel y 14.000 euros de fianza.
Asegura Podemos Andalucía que la acción por la que se juzga a los sindicalistas marcó “un hito en la concienciación ciudadana respecto al problema de la pobreza severa en España y propició que se habilitaran nuevos mecanismos de apoyo a los más desfavorecidos”.
Las imágenes de aquella “expropiación de alimentos”, asegura algo hiperbólicamente la formación morada, permitió denunciar que, “mientras más de la mitad de la población andaluza pasaba hambre, las grandes distribuidoras arrojaban a la basura más de 400.000 mil toneladas de alimentos”.
