La comunidad universitaria andaluza ha vuelto a tomar las calles este miércoles con una movilización sin precedentes. Estudiantes, profesorado y personal técnico de cinco universidades públicas han protagonizado concentraciones simultáneas para exigir un “blindaje inmediato” de la financiación y frenar lo que consideran una “ofensiva mercantilista” contra el sistema universitario.

Las protestas, convocadas por la plataforma “Universidades andaluzas por la pública”, han arrancado por la mañana en Sevilla, Málaga y Cádiz, y continuarán por la tarde en Granada y Jaén. Los organizadores han calificado la jornada como “histórica”, destacando el nivel de participación y la unidad entre los distintos sectores de la comunidad educativa.

“Hace muchos años que no se veía tanta movilización en la universidad”, han señalado desde la plataforma, subrayando que el movimiento responde a una preocupación creciente por el futuro del sistema público.

Movilización simultánea en cinco provincias

Las concentraciones han reunido a cientos de personas que han coreado consignas en defensa de la universidad pública y han denunciado el deterioro progresivo de sus condiciones. La protesta no solo ha tenido un carácter reivindicativo, sino también simbólico, al visualizar una respuesta coordinada en distintos puntos del territorio andaluz.

En el manifiesto conjunto leído durante las movilizaciones, los convocantes han advertido de que la universidad pública se encuentra en una “encrucijada definitiva”. A su juicio, el modelo actual pone en riesgo su función como herramienta de igualdad social.

Así, el texto recoge que “La educación superior es un derecho universal, no un privilegio” e insiste en que el acceso a la universidad no puede depender de la capacidad económica de las familias. En este sentido, los participantes han exigido mantener y reforzar medidas como la bonificación del 99% de las matrículas y avanzar hacia la gratuidad de requisitos como el nivel B2 de idiomas.

Además, han denunciado que existen “trabas económicas” que están expulsando al estudiantado del sistema, alertando de una posible brecha cada vez mayor entre quienes pueden acceder a la educación superior y quienes quedan fuera.

Rechazo frontal al modelo “mercantilista”

Uno de los ejes centrales de la protesta ha sido la crítica al modelo que, según los convocantes, impulsa la actual política universitaria en Andalucía. La plataforma ha denunciado un proceso de “mercantilización” que transforma el conocimiento en un producto y la educación en un negocio.

En este sentido, han señalado directamente a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), a la que acusan de favorecer el trasvase de recursos hacia el sector privado: “Nos oponemos a que las universidades públicas tengan que financiarse con recursos propios mientras proliferan las privadas con apoyo público”, han reivindicado.

Entre sus demandas, destacan la exigencia de una financiación 100% pública y la oposición a la participación de universidades privadas en órganos de coordinación del sistema. También reclaman que se garantice un mínimo del 1% del PIB destinado a la universidad pública, una cifra que consideran imprescindible para asegurar su sostenibilidad.

Para los convocantes, el actual modelo no solo afecta a la calidad educativa, sino que también pone en riesgo la investigación y el papel de la universidad como motor de desarrollo social y económico.

Debate abierto sobre la financiación universitaria

Las movilizaciones se producen en un contexto marcado por el reciente reparto de fondos del modelo de financiación universitaria aprobado por la Junta de Andalucía. Para 2026, la inversión total asciende a 1.825,7 millones de euros, destinados a cubrir gastos de personal, funcionamiento y mejora del sistema. Sin embargo, desde la comunidad universitaria consideran que estas cifras son insuficientes para hacer frente a las necesidades reales. Critican que las universidades públicas estén obligadas a generar entre un 25% y un 30% de sus propios recursos, lo que, a su juicio, refuerza la desigualdad y debilita el carácter público del sistema.

El modelo incluye también partidas adicionales para nivelación, refuerzo presupuestario y digitalización, así como fondos destinados a complementos salariales del personal. No obstante, los manifestantes insisten en que estas medidas no resuelven los problemas estructurales que denuncian.

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