"Auténtico caos procesal"
En un auto notificado este lunes a las partes, la juez considera que "el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad" y "es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse" y que podría derivar en "un auténtico caos procesal". Por lo tanto, responde a la Fiscalía que "no ha lugar por ahora a la división de la causa en diferentes piezas separadas". En su escrito del pasado 31 de marzo, el Ministerio Público consideraba "agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".
Las tres piezas que solicitó la Fiscalía
La Fiscalía pidió tres piezas, la primera sobre el procedimiento específico "creado" para que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, pudiera conceder ayudas sociolaborales y a empresas "sin sujeción al procedimiento que le era propio, bajo el expediente de transferencias de financiación, que además de situar los fondos en IFA para pagar dichas ayudas, evitaba la fiscalización previa por parte de la Intervención de la Junta propia de las subvenciones que otorgaba".
Múltiples ayudas
Señala que, aunque en Empleo "debían tramitarse expedientes de transferencias de financiación al IFA, se otorgaron múltiples ayudas" con toda suerte de "irregularidades respecto del procedimiento de subvenciones, con inexistencia de bases reguladoras, sin la menor publicidad, concediendo con indiciaria arbitrariedad pólizas individuales, además de resultar incluidos numerosos 'intrusos'".
Reproches a Fiscalía
La juez señala que, "dejando a un lado la evidencia de la complejidad de la causa, debería el Ministerio Fiscal haber esgrimido auténticas razones procesales que hicieran posible el desmembramiento de la causa y además explicar por qué realiza dicha solicitud en este momento, conociendo que se espera la presentación de atestados e informes que afectan a las tres piezas por él señaladas".
No concluirá la instrucción "hasta entonces"
Hasta entonces, señala la juez, "no podrá considerarse concluida la instrucción", y "cuando esto ocurra podrá decirse si alguna parte es suceptible de enjuiciamiento separado porque no se haya acreditado interrelación relevante con el resto de la investigación".
Fiscalía le pide elevar parte del caso al Supremo
Por su parte la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya elevar parte del caso de los ERE al Tribunal Supremo por la presunta implicación de un aforado, que no especifica, en la concesión de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla. La petición de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, se basa en un atestado que el grupo de delincuencia económica de la UCO de la Guardia Civil entregó la semana pasada sobre las ayudas concedidas a la estructura societaria vinculada a los empresarios y exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago centrada en la Sierra Norte.
Ayudas arbitrarias
Además, la Guardia Civil destacó hace dos años en un atestado el papel esencial del diputado del PSOE José Antonio Viera en la ayudas en la comarca de la Sierra Norte. Según un auto de Alaya de octubre de 2013, los dos exconcejales del PSOE percibieron "de forma arbitraria" 32 millones de euros, el 39 % de las ayudas concedidas a empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo.
Entiende agotada la investigación
Anticorrupción "entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero". Por ello, "entiende que se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado".
Piden remitir a la Fiscalía los autos sobre el Parlamento
Por otro lado, el letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras, ha pedido a su presidente en un informe de urgencia poner en conocimiento de la Fiscalía del TSJA los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos "en defensa de nuestra institución y de la legalidad vigente", porque subraya que "un juez no puede investigar el trabajo de un Parlamento".
Queja del Presidente
Pese a esta recomendación, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, optó por enviar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por que en los autos podría haber una "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".
Someter a investigación al Parlamento
En su informe, el responsable de los servicios jurídicos del Parlamento asegura que la juez, al pedir investigar el posible conocimiento de la Cámara andaluza de las partidas del caso de los ERE fraudulentos, "somete a investigación la actividad del Parlamento de Andalucía en la tramitación de un concreto procedimiento legislativo".
Alaya carece de jurisdicción
En el informe, al que ha tenido acceso Efe, añade que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla "carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer, o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones".
"Inviolabilidad del Parlamento"
El letrado mayor concluye que "el debate en el Parlamento queda al margen de la jurisdicción de los jueces y tribunales. Un juez no puede investigar el trabajo del Parlamento en el marco de un procedimiento penal ni siquiera para delimitar la responsabilidad de terceros".
Inviolabilidad del Parlamento
Tras destacar la "inviolabilidad del Parlamento", el letrado mayor agrega que "sería disparatado que por parte del Poder Judicial y del Ejecutivo se ordenase cualquier género de investigación sobre la actividad del Legislativo", y critica que la actuación de Alaya "arroja inconscientemente una sombra de sospecha sobre las instituciones". "En un momento de crisis política como el actual, incluso de representación, no puede aceptarse que jueces y tribunales que deben estar al servicio de la legalidad la pongan en cuestión", indica el letrado, quien considera que "investigar la actividad de una asamblea legislativa en el ejercicio de sus funciones constituye un claro atentado al propio Estado de Derecho".
