La violencia independentista no ha logrado desconectar a Cataluña del Estado como pretendía la hoja de ruta oculta del Govern y los promotores del procés, pero ha conseguido desconectar a España de Europa por autopista con la ayuda de los indepes vascos que se han sumado con el corte de la AP1 en Irún.
Que el Gobierno de España no haya considerado en los 40 años de democracia una conexión por autopista con Francia a través de Aragón, denota una falta de geoestrategia y de previsión muy notables. Es más, me atrevería a decir que es tan imperdonable como haber dejado morir el enlace ferroviario hispano-francés a través del túnel de Canfranc en la provincia de Huesca.
Andalucía es la gran perjudicada por una planificación de las redes de comunicación terrestres que solo ha tenido en cuenta los intereses de las burguesías vasca y catalana. La alta velocidad ferroviaria solo ha llegado hasta ahora a Sevilla y a Málaga. La agricultura almeriense sigue clamando por el corredor mediterráneo, que solo llega a la Comunidad Valenciana.
El puerto de Algeciras y el Campo de Gibraltar esperan y desesperan porque su conexión por tren, es intolerable a estas alturas del siglo XXI. En este contexto, la miopía de nuestra clase política ante el problema territorial adquiere una dimensión difícil de arreglar. Hay una deuda histórica en infraestructuras con la España periférica del Sur y con la España vaciada.
El gobierno que salga de la investidura de diciembre, si quiere ser realmente progresista, tendrá que trabajar muy duro para cerrar las brechas de desigualdad que, pese a los esfuerzos de las últimas décadas en AVEs, autopistas y aeropuertos, persisten todavía y que pueden verse agravadas si los conflictos de Cataluña y Euskadi se exacerban.
El coste millonario de los cortes de las autopistas catalanas sí puede justificar una aplicación más enérgica de la legislación estatal de seguridad para restablecer la libertad de circulación y evitar el estrangulamiento de la economía.
