ENCUESTA: ¿Crees que la Junta de Andalucía ha contado toda la verdad sobre el escándalo del cribado del cáncer de mama?

Miles de mujeres se enteraron tarde, mal o nunca de que sus mamografías presentaban resultados dudosos. Hoy, el Gobierno andaluz promete explicaciones y reformas, pero la sensación de abandono persiste. Ante la magnitud del escándalo, queremos saber qué piensa la ciudadanía: ¿cree que la Junta ha dicho toda la verdad?

Durante años, el programa público de cribado de cáncer de mama en Andalucía fue presentado como uno de los pilares del sistema sanitario autonómico: un modelo de detección temprana que permitía salvar vidas gracias a la coordinación entre hospitales, centros de salud y unidades radiológicas. Sin embargo, las últimas revelaciones han puesto en entredicho esa imagen de eficacia. Más de 2.000 mujeres no fueron informadas de que sus mamografías habían arrojado resultados “dudosos” o “no concluyentes”, lo que, según reconoció la propia Consejería de Salud, provocó retrasos en los diagnósticos y, en algunos casos, el agravamiento de patologías que pudieron haberse detectado antes.

La explicación oficial sostiene que se trató de un “fallo en los protocolos de comunicación” y que en ningún momento hubo intención de ocultar información. Sin embargo, colectivos de pacientes, asociaciones feministas y sindicatos médicos han denunciado que esta versión no se sostiene, y que el problema podría ser estructural: falta de personal, sobrecarga de los servicios radiológicos y ausencia de controles internos eficaces. Las críticas apuntan a que lo ocurrido no fue un accidente aislado, sino el síntoma de una crisis más profunda en la gestión sanitaria andaluza.

En respuesta al aluvión de reproches, el Gobierno autonómico ha anunciado una auditoría interna, la revisión de todos los casos afectados y un “plan de choque” para reforzar el programa de cribado. Además, ha prometido ampliar la cobertura a mujeres de entre 45 y 75 años, con el fin de incluir a más de medio millón de potenciales beneficiarias. Sin embargo, para muchas de las afectadas, estas medidas llegan tarde. Numerosas mujeres denuncian que se enteraron de su situación por los medios de comunicación o tras insistir personalmente en sus centros de salud, lo que ha alimentado una sensación generalizada de desamparo y pérdida de confianza en las instituciones.

Las declaraciones institucionales tampoco han ayudado a calmar la indignación. Una de las frases más controvertidas procedió de responsables sanitarios que justificaron la falta de comunicación “para no generar ansiedad innecesaria” en las pacientes. Las asociaciones de afectadas calificaron esas palabras de “indignantes” y “paternalistas”, recordando que el derecho a la información sanitaria está reconocido por ley y no puede supeditarse a criterios de conveniencia administrativa.

La polémica ya ha alcanzado al Parlamento andaluz, donde la oposición ha solicitado la creación de una comisión de investigación que esclarezca responsabilidades políticas. Mientras tanto, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias para determinar si existieron negligencias que pudieran derivar en responsabilidades penales. El Defensor del Pueblo andaluz también ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud sobre el funcionamiento del programa y los mecanismos de control empleados.

El caso ha reabierto un debate de fondo sobre la transparencia institucional y el papel de la comunicación pública en situaciones de crisis sanitaria. ¿Ha informado la Junta con claridad a las mujeres afectadas? ¿Ha asumido su responsabilidad política o ha optado por la opacidad? ¿Y qué confianza conserva la ciudadanía en la gestión del sistema público de salud?