Ha aparecido bajo el sello editorial de Almuzara, su título es ‘Guía para padres maltratados’, su subtítulo reza ‘Consejos para sobrevivir a la dictadura de género’ y su autor es el líder de Vox en Andalucía y presidente de su grupo parlamentario, Francisco Serrano, juez de profesión que reingresó en la carrera judicial tras cumplir una condena por prevaricación. Firma también el libro José Riqueni Barrios.

La industria

La contraportada de ‘Guía para padres maltratados’ describe así el contenido de la obra y las razones que aconsejaban a sus autores darla a la imprenta:

“La idea de poner en manos de los lectores esta guía práctica obedece a una evidente necesidad, dada la falta de información, asesoramiento y recursos que vienen soportando cuantos padres hay en España (…) Ante el virus de género, que se infiltra más y más en nuestro tejido social, conocerlo, prevenirlo y afrontarlo con ciertas garantías (…) De ahí que esta obra detalle y recopile pautas y recomendaciones, consejos prácticos, en caso de iniciar una relación de pareja, con una pareja ya en curso e incluso ante una posible denuncia de género, sea ésta verdadera o falsa, bien dirigida a uno mismo, a un hijo, a un familiar o conocido (…) En suma, un libro claro, directo, actualizado y práctico con el que conocer y poder enfrentar la Dictadura de Género, un negocio que mueve millones de euros en cada ejercicio, una industria clientelar que da trabajo a más de medio país, como también ha transformado España, en poco más de dos décadas, en un Estado de No Derecho de Familia, un país en absoluto europeo que necesita con urgencia volver a una justicia justa”.

La dictadura

En una entrevista concedida ayer al programa de Carlos Herrera, en la cadena Cope, con motivo de la publicación de su guía, Serrano arremetió contra lo que él denomina “dictadura de género”, para la cual “los padres maltratados no existen, ni tampoco lo homosexuales, solo las mujeres, que por supuesto que existen, pero no ellas solas”.

Pese a que el concepto de 'violencia de género' está reconocido por la ONU, Serrano considera discriminatoria la ley española al partir del supuesto de que “la mujer es inferior al varón por el hecho de serlo”. Lo que debe hacer la ley es “castigar al varón cuando haya violencia, pero no por el hecho de que la víctima sea una mujer”.

Interrogado, aunque sin ninguna repregunta incómoda, por las estadísticas que demuestran que las denuncias falsas son porcentualmente insignificantes, Serrano contestaba esto: “Si yo hago una encuesta en la que quiero demostrar que no hay pobreza, pues me voy a Galapagar, donde Pablo Iglesias tiene su casoplón, y seguro que los únicos pobres que me aparecen son los dos policías destinados a su protección, o sea que las estadísticas dependen de dónde se tomen los datos”.

Según Serrano, la contabilidad de denuncias falsas de la Fiscalía y el Poder Judicial se refiere solo a los casos investigados de oficio por la Fiscalía, no a las denuncias de particulares.

La estadística

En el año 2017 se dictaron 1.057 órdenes de protección a hombres por violencia doméstica (la ejercida en el seno del hogar en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro) y 26.044 a mujeres por violencia de género (la basada en el género que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada).

El Consejo General del Poder Judicial ha especificado que entre 2008 y 2015 fueron asesinados 58 hombres por sus parejas o ex parejas (no especifica si eran todo mujeres o también hombres homosexuales) y 488 mujeres (todas a manos de hombres). Eso significa que un 12% de las víctimas mortales por pareja o ex pareja son hombres y un 88% mujeres.

El informe más reciente de la Fiscalía General del Estado constata que entre 2009 y 2016 hubo en España 1.055.912 denuncias por agresiones machistas. De ellas, en 79 casos hubo condena por denuncia falsa. Es decir, el 0,0075%. A su vez, los casos investigados por "acusación y denuncia falsa" fueron 194, el 0,18% del total.

La condena

Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó en 2011 a dos años de inhabilitación por "prevaricación culposa" (no intencionada) a Serrano, por haber modificado el régimen de visitas de un menor para garantizar su salida en una procesión de la Semana Santa sevillana.

Tras cumplir la condena, Serrano ganó en noviembre de 2017 ante el Supremo el contencioso planteado contra el Consejo General de Poder Judicial, cuya Comisión Permanente rechazó su petición de reingreso en la carrera judicial pese a que ya había cumplido su condena. Serrano reclama al Estado más de medio millón de euros.