Ribera ha indicado que la operación de demolición será dirigida por la Junta y que este protocolo, que ha calificado de "acuerdo político completo", se realiza para "tener todo perfectamente claro sobre cómo financiar y operar". "Queremos estar listos para hacerlo en cuanto se pueda, para que en ese momento no haya que empezar a pensar quién lo hace y cómo lo hace". También ha subrayado que, como corresponde a un Estado de Derecho, es preciso esperar las resoluciones judiciales pero que en cuanto los tribunales confirmen que la construcción está "al margen de la legalidad", "podamos empezar a tirar".

"Símbolo que tiene que caer"
"Esto es un símbolo que no debería de haberse producido y que tiene que caer", ha resaltado la secretaria de Estado, quien, no obstante, ha recordado los "años que costó" tirar el que podría ser otro "ejemplo" similar al Algarrobico, el Hotel de Atlanterra, en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz).

Sintonía política
Ribera, que se ha reunido este lunes con representantes de Greenpeace, ha valorado la a su juicio "sintonía política" en este asunto entre el Ministerio y la Junta se formalice en un documento que, según ha dicho, se hará público en cuanto esté ultimado. Será entonces cuando, según sus previsiones, se pueda concretar el coste del derribo. En ese sentido ha dicho que el departamento que dirige Rosa Aguilar tiene unas "estimaciones" sobre ese coste de la demolición pero ha añadido que aún está "armando los números".

Ecologistas en Acción
Por último, Ribera ha calificado de "interesante" el anuncio de Ecologistas en Acción con respecto a que solicitará la ejecución provisional de la sentencia que declaró nula la licencia de obra y ha instado a esperar "qué recorrido" tiene dicha petición.